Por J.C. Prado/ S. Burgos
El viernes 12 de noviembre de 1993, representantes de Minsal Ltda. (actual SQM Salar) y la Corfo llegaron hasta una notaría del centro de Santiago para firmar el contrato de arrendamiento para la explotación del Salar de Atacama.
20 años después, el 15 de noviembre de 2013, la Corporación hizo llegar una carta a la minera para expresar “sus divergencias en relación al cumplimiento, por parte de dicha sociedad, de algunas obligaciones que el contrato establece”, según detalla la carta de solicitud de arbitraje que hoy mantiene enfrentados a la empresa y a la entidad que encabeza Eduardo Bitrán.
Dicho documento fue enviado el 31 de diciembre de ese año al Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, dando así inicio a uno de los litigios más polémicos del último tiempo. ¿La disputa? La estatal reclama que SQM Salar, controlada indirectamente por Julio Ponce, no habría cumplido íntegramente con el pago de las rentas trimestrales desde 2009 en adelante. SQM, por su parte, destaca que “ha cumplido oportuna y cabalmente todas las obligaciones del contrato”
En respuesta, hace pocos días y a través de un comunicado la Corfo aseguró que “dispone de abundante e indesmentible evidencia de que SQM ha vendido sistemáticamente producción de Potasio y carbonato de Litio a precios por debajo de los de mercado, afectando a la Corporación”.
Así, con una posición claramente irreconciliable entre las partes, T13.cl tuvo acceso al contrato de arrendamiento y a las cláusulas específicas que se refieren a esta materia.
¿Qué dice el contrato de 1993?
En la cláusula décimo sexta, citada en la carta de la Corfo al Centro de Arbitraje, se detalla el procedimiento de solución “amigable” ante diferencias que podrían surgir entre ambos. Al respecto, la estatal detalla que cumplió cada una de las etapas allí descritas sin una solución de parte de la empresa, lo que origina el proceso en curso.
Ahora bien, con relación a la intención de Corfo de poner término anticipado al contrato, la cláusula décimo primera aclara que “la Corporación podrá poner término anticipado al presente contrato mediante un aviso dado por escrito a Minsal Ltda. (actual SQM Salar) con a lo menos dos meses de anticipación en la medida exclusiva de que esta última se encuentre en insolvencia o incurra en mora en el pago de la renta correspondiente a una parte o al total de uno o más de los Períodos de Renta y que, después de requerida por escrito por la Corporación, no pague dicha renta y sus intereses dentro de los quince días siguiente a la recepción de tal requerimiento”.
El costo de terminar el contrato
Al poner término al contrato, señala la cláusula décimo segunda, “Minsal Ltda. (actual SQM Salar) o su sucesora deberá restituir a la Corporación las Pertenencias Mineras OMA arrendadas y tendrá derecho a retirar todos los elementos, equipos e instalaciones que hubiere incorporado o construido en dichas Pertenencias sin que dicho retiro constituya una obligación para Minsal Ltda. o su sucesora”. Las cosas que no se hayan retirado antes de 360 días desde terminado el contrato pasarán al patrimonio de la Corfo.
Si bien SQM informó hace unas semanas que había invertido unos US$ 2.000 millones en las instalaciones, lo cierto es que esa cifra sería mucho mayor para un nuevo operador, quien además debería iniciar la tramitación ambiental respectiva. Se calcula que el monto estaría por sobre los US$ 5.000 millones.
Lo que viene: conciliación y contactos de los minoritarios
Aunque ambas partes están citadas a la conciliación para el próximo jueves, hace dos semanas trascendió que la Corfo no aceptaría la propuesta del árbitro, lo que derivaría en una etapa de causa de prueba, donde testigos y peritos pasarán a tomar protagonismo.
Y es que la estatal rechazaría el pago de US$ 17 millones y la modificación del contrato de arrendamiento, alternativa que puso sobre la mesa el árbitro del caso, Héctor Humeres. La principal diferencia no estaría en el monto, sino en que Corfo busca poner término anticipado al contrato.
Otro punto a considerar es que, según relata en sus estados financieros al 31 de diciembre de 2014, Corfo y SQM Salar “renunciaron a todos los recursos en contra de la sentencia que dicte el árbitro”. Sin embargo, el texto reconoce que “no es posible descartar la interposición en contra del fallo arbitral de un recurso de queja o de un recurso de casación en la forma por incompetencia o ultrapetita invocando jurisprudencia de los tribunales de justicia y que señala que ambos recursos son irrenunciables”.
Mientras tanto, SQM se ha embarcado en una silenciosa pero eficaz campaña para señalar que Julio Ponce no es el controlador de la compañía. Ya en una entrevista concedida por el presidente de la minera, Juan Antonio Guzmán, hace unos días a El Mercurio, señaló que Ponce sólo tiene el 15% de la firma en forma directa, por lo cual no es su controlador, destacando que cerca de un 70% de la propiedad está en manos de socios extranjeros: la canadiende Potasch, la japonesa Kowa y los accionistas estadounidenses que tienen ADRs, dentro de los cuales se encuentra el fondo SailingStone Holdings Limited. Cercanos a Julio Ponce también tienen un discurso que coincide con lo que en los últimos días ha planteado la administración de la compañía.
La razón de esta “aclaración”, respecto al control de la minera, se explica principalmente por el hecho de que Corfo ha esgrimido que una de las principales razones para poner fin al contrato con SQM es el tema reputacional.
Para SQM es clave sostener la tesis de que la mayoría del capital accionario está en manos extranjeras. Esto porque será el arma con que se enfrentarán a una eventual negativa de Corfo, se apelaría al hecho de que los inversionistas extranjeros verían vulnerados sus intereses, lo cual les deja la puerta abierta para recurrir al CIADI, institución del Grupo del Banco Mundial, especialmente diseñada para propiciar la solución de disputas entre gobiernos y nacionales de otros.
Asimismo, dentro de la compañía argumentan que se trata de una decisión política y ponen de manifiesto el perjuicio que ha tenido la compañía y sus accionistas, dado que desde que se filtró que Corfo rechazaría la conciliación, las acciones han tenido un fuerte ajuste.
Por su parte, los accionistas extranjeros en forma independiente, han estado tendiendo puentes con agentes de las embajadas de sus respectivos países en Chile, mientras que Juan Antonio Guzmán ya ha hecho una ronda de encuentros con Sonami y Sofofa, para reinsertar la compañía en el mundo empresarial. Más difícil ha sido sus intentos por tender puentes con la autoridad, dado que el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, no aceptó la solicitud para reunirse… en tanto, siguen los intentos para que el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés si los reciba.
