Esta mañana, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) dio a conocer su decisión de cerrar la investigación en torno al caso de colusión de los pañales, que involucra a la papelera CMPC y a la multinacional Kimberly Clark.
Según la FNE, a la fecha de recepción de los antecedentes, en 2015, "ya se encontraban prescritos y era improcedente, en apreciación de la Fiscalía, ejercer acciones legales".
El anuncio generó inmediatas críticas desde la Conadecus, organización de consumidores cuyo presidente, Hernán Calderón, señaló que la la actuación de la FNE era "irregular" pues no tiene las atribuciones para declarar prescrita una causa.
Además, el gobierno tomó distancia de la decisión de la FNE: el ministro de Economía, Luis Céspedes, emplazó a la institución a dar a conocer los antecedentes indagados que fundamentaron el anuncio de cierre.
En este escenario, el profesor de derecho económico de la Universidad Católica, Felipe Bravo, indicó que "la prescripción efectivamente había dejado sin responsabilidad este caso".
Para Bravo no debiesen haber dudas acerca de la voluntad de investigar de la FNE. Como argumento, recurre a casos ya indagados por la institución: "en la provincia de Ñuble hubo una colusión de ginecólogos; ese mercado tiene que ser 30 ó 40 ginecólogos. La FNE lo investigó, lo llevó al tribunal, los sancionaron. Entonces, si hizo eso con los ginecólogos de Ñuble, ¿no lo va a hacer con tres multinacionales si puede? Eso da mucha seguridad de que si no encontró nada es porque, en verdad, probablemente no haya nada".
A su turno, el profesor de derecho de la Universidad de Chile, Francisco Agüero, señaló que no es la primera vez que la FNE toma una decisión como esta. "Es primera vez, que yo recuerde, que se le da esta difusión a la prescripción de una investigación por colusión. Han habido otras: el año 2009 o 2010 hubo una, respecto de la investigación de un cartel internacional de transporte de carga", señaló.
Mientras que el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Diego Pardow, señaló que "el diseño institucional de la FNE establece un órgano relativamente autónomo para que sean ellos quienes decidan si el caso en particular tiene méritos para ser llevado adelante o no".
¿Recursos "de particulares" ante el tribunal?
Junto con anunciar el cierre de la investigación, la FNE agregó que su decisión se concretaba "sin perjuicio de eventuales acciones ante el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) por parte de particulares".
A juicio de Bravo, tanto empresas competidoras -como Procter & Gamble- o asociaciones de consumidores -como la Conadecus- podrían persentar recursos ante el TDLC, pese al cierre de la FNE.
Sin embargo, cree que eso no ocurrirá en este caso. "La razón por la cual probablemente no lo hagan es porque si la FNE investigó y al investigar se dio cuenta de que no había antecedentes para considerar que se podía llegar a una sentencia a una condena, es muy difícil que otro órgano pueda hacerlo", sostuvo.
"La Fiscalía Nacional Económica puede intervenir teléfonos, puede incautar correos electrónicos y eso no lo puede hacer un particular. Entonces sería muy raro que un particular dijera, 'No, yo tengo pruebas'", argumentó.
El efecto filtración
Algo inédito en este caso fue la filtración de los antecedentes que CMPC entregó a la Fiscalía a través del mecanismo de delación compensada: el pasado 20 de diciembre, La Tercera dejó al descubierto la investigación que en ese momento llevaba de manera reservada la FNE.
A raíz de esto, el ente persecutor abrió una indagación interna. Para el profesor Bravo, la filtración fue importante en la decisión de la FNE de anunciar y justificar públicamente este viernes el cierre de la indagación en el caso de los pañales.
"Es difícil saber si efectivamente esto (la filtración) influyó en la decisión de la FNE (de cerrar la investigación), pero no hay ninguna duda de que sí influyó en que la fiscalía ahora se vió obligada a entregar información y a justificar por qué el caso no va a seguir siendo investigado", indicó Bravo.
