El juez del Primer Juzgado de Garantía de Santiago Fernando Guzmán Fuenzalida realizó una visita extraordinaria no anunciada al Complejo Penitenciario Santiago I, luego que un interno denunciara torturas y extorsiones al interior de la cárcel, las que habrían sido sufridas por reos primerizos que permanecen en prisión preventiva.
El magistrado acusó hacinamiento al interior del centro penitenciario, escasez de personal, puntos ciegos de cámaras de seguridad al interior de los módulos y las duchas, además de deficientes criterios de clasificación para segregar a los imputados extranjeros, ya que se desconocen los antecedentes penales que traían desde su país de origen.
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“Hay una gran cantidad de personas privadas de libertad en espacios limitados, en condiciones sanitarias precarias (…) No existe agua caliente. Cada cama debía ser compartida por tres o cuatro imputados”, dice el informe de Guzmán.
“Se observaron cámaras de seguridad con visión al patio, comedor y pasillos, pero sin perspectiva a dormitorios y sector de duchas. Solo a modo de ejemplo, en el módulo 33 el funcionario (…) señaló tener capacidad para 84 imputados y que en dicho momento se encontraban 226 personas privadas de libertad”, añadió.
El magistrado también detectó una gran cantidad de teléfonos móviles y de droga que son arrojados al establecimiento desde el exterior por terceros, y carencia de tecnología para inhibir señal para teléfonos móviles, aunque lo más grave fueron los testimonios de extorsión de parte de los presos más antiguos a los nuevos.
En específico el juez Guzmán se entrevistó con el imputado chileno que, en prisión preventiva, presentó un amparo ante el tribunal. En la conversación “señaló que en el módulo 34 se encontró con muchos extranjeros, entre los cuales diez a quince dominicanos y/o colombianos lo recibieron a agresiones verbales tratando de obligarlo mediante empujones a que ingresara al sector de las duchas (sin visión de cámaras de seguridad), logrando resistirse y arrancar del grupo, los que le quitaron una frazada y utensilios”.
“Luego fue trasladado al módulo 88, lugar en que indica haber sido nuevamente amenazado, pero por un grupo de chilenos. Lo empujaron hasta el fondo del recinto, procediendo a sacarle sus ropas (lo dejaron en calzoncillos y toalla) para fotografiarlo, exigiéndole los números telefónicos de sus familiares para enviarles, vía WhatsApp, audios y fotos, y pedirles dinero a cambio de no agredirlo. Empezaron pidiendo entre $30.000 y $50.000 al día”, añadió el juez en su informe.
