El Aporte Fiscal Indirecto (AFI), fondo del Ministerio de Educación que a lo largo de 35 años entregó alrededor de $25 mil millones al año a los planteles de educación superior que captaban a los 27.500 alumnos con mejor puntaje en las pruebas de admisión, se termina en 2017.
El Gobierno decidió reducir a la mitad el AFI como parte del proceso inicial para finiquitarlo, señalando que es regresivo, es decir, que entrega más recursos a las instituciones que tienen mejor presupuesto. Sin embargo, cuando se tomó la decisión, el Ejecutivo acordó que las universidades del Consejo de Rectores (CRUCh), obtendrían el fondo de vías diferentes, consignó El Mercurio.
Claudio Elórtegui, rector de la Universidad Católica de Valparaíso y presidente de las universidades tradicionales no estatales (G9), señaló que a su sector se les está asignando $5 mil millones, monto $2 mil millones menor que lo que habrían recibido contando con el AFI, mientras que las instituciones estatales no sólo estarían recibiendo el monto total, sino que además de un reajuste significativo de recursos.
Elórtegui indicó que “lamentablemente, una vez más tenemos que hacer presente nuestra molestia en el debate de la Ley de Presupuestos. Este año, a las universidades se nos reintegró el AFI a través de fondos basales, pero en el próximo no ocurrirá eso. Hay un perjuicio importante para las universidades del G9”.
Agregó que existe “una simetría entre el fondo basal por desempeño (que es para el G9) y el convenio marco (que es para las universidades estatales), el que crece significativamente, mientras que el primero ni siquiera recupera la parte del AFI que se eliminará en 2017”.
Según lo que sostiene el rector, en el sector “estamos muy preocupados, porque nuevamente se da una discriminación que no corresponde, y en un momento inconveniente, porque el ministerio está tratando de avanzar en acuerdos en aspectos de la reforma, pero aquí se refleja una voluntad del gobierno de seguir postergándonos”.
En lo que concierne al sector privado, ellos claman ser unos de los más perjudicados con la extinción del AFI, ya que no hay reajustes presupuestarios. Ponen de ejemplo que hay 27 planteles que este año recibieron $2.700 millones, monto que se transformará en cero para el próximo año.
Era la Universidad Adolfo Ibáñez, la que más fondos obtenía del AFI. Andrés Benítez, su rector, explicó que la medida gubernamental va a tener un impacto grave en sus alumnos. “Nosotros recibimos este año más de $500 millones, recursos que devolvíamos a los alumnos a través de becas, y ellos han sido los más perjudicados” manifestó.
A su parecer, el problema recae en la falta de transparencia en el reparto del fondo, ya que era “un aporte y terminó siendo un aporte por secretaría a las universidades estatales”.
