UC demanda al Estado por incumplimiento en entrega del Aporte Fiscal Indirecto
UC demanda al Estado por incumplimiento en entrega del Aporte Fiscal Indirecto
El rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, presentará este jueves una demanda contra el Estado alegando incumplimientos en la entrega del Aporte Fiscal Indirecto (AFI), que entrega fondos a las universidades que captan a los alumnos con mejor rendimiento en la Prueba de Selección Universitaria.
En las últimas horas, la autoridad académica difundió una carta entre la comunidad universitaria y en ella confirmó la medida que se trata de una demanda civil.
En la misiva, a la que tuvo acceso T13.cl, Sánchez plantea que "nos hemos visto en la necesidad de adoptar esta decisión" luego de que la ley de Presupuesto no considerara el AFI, una partida que se incluye desde 1981.
El argumento de la UC es que según el decreto de ley que crea el AFI, "es obligación del Estado otorgar anualmente un aporte fiscal indirecto a todas las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica que matriculen a los primeros 27.500 puntajes de la ex PAA y actual PSU (art. 3)", dice la carta.
Asimismo, se detalla que "se trata de un monto que se ha cancelado considerando los alumnos matriculados en el primer año de estudios del periodo inmediatamente anterior, lo que hace que la suma adeudada a la Universidad Católica responda a lo obtenido a través de los estudiantes que ya ingresaron en marzo de 2016".
El texto habla adeás de un "incumplimiento en que ha caído el Estado de Chile respecto de una normativa plenamente vigente, que fue creada como una ley de financiamiento permanente, orientada a fortalecer y reconocer a aquellas instituciones con alto desempeño y preferencia entre los estudiantes".
"Nos parece extraordinariamente grave que se establezca un precedente de esta naturaleza en materia de Educación Superior, por cuanto ello comprometería de manera seria el desarrollo futuro del conjunto del sistema", se enfatiza.
Finalmente, se valoriza el "daño patrimonial" en más de mil setecientos millones de pesos, aunque se aclara que "en la actual demanda no es esto lo que estamos solicitando, sino en principio solo el reconocimiento de la ilegalidad existente debido a la decisión del Estado de eliminar este aporte".
