Tras una larga polémica que comenzó este año, el Gobierno enviará al congreso un proyecto de ley que busca regular y legalizar aplicaciones como Uber y Cabify. La moción persigue insertar estar aplicaciones en el marco de la ley y contral el creciente mercado que han desarrollado estas teconologías.
La primera medida contempla exigir a los choferes y socios de las aplicaciones que cuenten con licencias de conducir clase A. Este tipo de licencia exige que la persona tenga al menos 20 años y que lleve dos años en posesión de un permiso clase B. Además del requisito de la edad, las autoridades exigen que las personas que opten por una licencia profesional pasen por una escuela de conductores y que sus antecedentes sean revisados por el Director del Tránsito de la comuna donde se quiera obtener.
La regulación también exigirá que los automóviles que se ocupen para el servicio sean de "alto estándar". Según El Mercurio, se fijará una comisión que determine los niveles y categorías que deben tener los vehículos
Las tarifas y las formas de pago también serán una materia que regulará el cuerpo legal, que establecería la eliminación del pago en efectivo y nuevo mecanismo de precios, fijando un cobro adicional por kilómetro recorrido, cuyo costo será regulado por un panel de expertos.
El gerente deneral de Uber Chile, Carlos Schaaf, indicó que la empresa colaboraría "en lo que sea necesario para la elaboración de una regulación que contemple plataformas tecnológicas como Uber".
Las plataformas que no cumplan con los nuevas disposiciones podran ser multados con cifras que van desde los $4,6 millones y que pueden ascender hasta los $460 millones. En el caso de reincidir, se cancelarán las inscripciones del registro de aplicaciones por un periodo de dos años.
Los taxistas también serán regulados
La iniciativa del ejecutivo también busca sancionar a los choferes que alteren el taxímetro o den vuelto con billetes falsos. Al respecto la ley contempla el retiro del permiso para circular como taxi si es que el delito es cometido por el dueño del vehículo. Cuando la responsabilidad recaiga sobre el chofer, éste se arriesga la eliminación de la licencia clase A, lo que lo dejaría imposibilitado para trabajar en el rubro.
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