El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago formalizará el 6 de agosto, a las 11 horas, al presidente del directorio de Clínica Las Condes, Alejandro Gil, quien es acusado por un grupo de médicos de apropiación indebida.
La querella criminal está dirigida contra Gil, pero también contra la propia Clínica Las Condes S.A., Ignacio Tapia Hortuvia y todos aquellos que resulten responsables, en calidad de autores, cómplices y/o encubridores, de los delitos de apropiación indebida y administración desleal.
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La querella se centra en el no pago de honorarios que corresponderían a los médicos que le prestaban servicios a la Clínica Las Condes, mediante sociedades.
“Que de igual manera, como lo ha hecho con cientos de profesionales de la salud (médicos y no médicos), Clínica Las Condes S.A. ha dejado de pagar oportunamente los dineros correspondientes a los honorarios médicos de las prestaciones que he entregado, tanto a nombre propio, como en nombre de las sociedades”, dice la querella.
“De hecho, no ha pagado la mayoría de los honorarios derivados de cirugías y procedimientos, desde inicios del año 2021 a la fecha. También ha retrasado injustificadamente gran parte de los honorarios correspondientes a las atenciones ambulatorias. Lo anterior, reitero, no solamente afecta a los profesionales médicos, sino que también al resto del equipo que interviene en una cirugía, como por ejemplo, arsenaleros (as), enfermeros (as), entre otros”, añade.
“De acuerdo a lo informado por Clínica Las Condes S.A., algunos pagos están en una mora mayor a un año, lo que es inaceptable y, a todas luces, implica un incumplimiento grave por parte de Clínica Las Condes. Por otra parte, la querellada, tampoco ha dado información sobre las gestiones realizadas para obtener el pago efectivo, por parte de los pacientes y la extensión de la demora implicaría que se acercaría el plazo de dos años sin efectuar el encargo propio del mandato, lo que ha nuestro juicio constituye un incumplimiento grave de Clínica Las Condes S.A. en su calidad de mandataria sobre su obligación de ejecutar el negocio encomendado con la debida diligencia”, agrega.
Recordemos que Alejandro Gil fue acusado durante la pandemia de haberse puesto la dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 antes que el resto de la población, cuando algunos ni siquiera habían recibido la primera.
