A partir de este lunes surgió una disputa que enfrenta al Tribunal Constitucional con la Corte Suprema, luego del fallo de la Tercera Sala de la Corte que determinó que sí podían revisar las sentencias emitidas por el TC, en casos de recursos de protección, por ejemplo.
Desde el Gobierno calificaron la situación como extraordinariamente grave, haciendo un llamado a ambos organismos a resolver sus problemas. Asimismo, no descartaron intervenir con una normativa, ya que anteriormente se había informado una reforma al TC.
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Respecto a este conflicto, en T13 Noche abordaron las claves de este enfrentamiento de poderes junto a Luis Cordero, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
Según el docente, "esta disputa que se ha conocido es una discusión que viene planteada desde hace un tiempo", específicamente desde el 2016, y que se enfoca en los dos principales roles que tiene el Tribunal Constitucional.
El primero de ellos respecta al control de los proyectos de ley en tramitación, y que "es problablemente la atribución más compleja que pueda tener para el sistema democrático". En este caso aplica el proyecto de las "40 horas", ya que se expone al TC una discusión que actualmente se mantiene en el Congreso.
El segundo se refiere a la resolución de los asuntos donde se debate si una norma que se debe aplicar en un juicio en específico, es contrario a la Constitución o no. Aquí entra el caso de los fondos de las AFP y la posibilidad de su retiro anticipado por parte de los cotizantes.
Es en este último punto donde se centra la discusión actual, ya que la Corte Suprema alega que la última palabra la tiene el juez que decide el caso.
De acuerdo a lo planteado por Luis Cordero, lo más complejo de este conflicto es que se vuelve a revelar que el diseño institucional del 2005, que trasladó algunas de las atribuciones al TC, "es insuficiente".
Esto pese a que "en el sistema legal la Corte Suprema ha aumentado y legitimado su rol en materia de protección de derechos".
Asimismo, los ministros de la Corte "pueden ser objetos de acusación constitucional" en caso de que así se requiera, mientras que los ministros del TC "no son responsables ante nadie".
¿Es posible una solución frente a este tema? Cordero fue enfático en señalar que incluso la solución legislativa que quiere anunciar el Gobierno en la materia, implicaría reformar estructuralmente el Tribunal Constitucional, y "la pregunta es si el Tribunal va a estar dispuesto o no".
Esta solución, además, requiriría que el Gobierno deba ingresar una reforma íntegra al TC, enfocada en sus atribuciones, su integración y sobre todo de su régimen de nombramiento, es decir, el régimen global de sus competencias y su diseño.
