El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia ordenó suspender la licitación pública iniciada por el Ministerio de Transportes para introducir cambios al sistema capitalino.
Esto a raíz de un recurso interpuesto por la firma Transanber, que a fines de diciembre acusó al Ministerio de emplear medidas que dificultaban la libre competencia, al introducir "barreras de entrada ficticias y falta de información, lo cual favorece a los operadores vigentes". Una de ellas, señalan, el requisito de contar con terminales (que las firmas vigentes ya cuentan mientras que los nuevos actores deben costear en un 50%, según Transanber).
En el documento el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia señala que la medida se toma para "impedir eventuales efectos negativos" y "resguardar el interés común". Esto ya que se habría acompañado antecedentes que constituyen "a lo menos presunción grave del derecho que se reclama".
"Por tanto, se ordena al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones suspender la licitación pública para la concesión del uso de vías de las unidades de negocio N°1, N°4, N°6, N°7, N°8 y N° 9, para la prestación de servicios urbanos de Transporte Público remunerado de pasajeros en la Región
Metropolitana (Transantiago 2017)", señala el documento disponible en la página web del tribunal.
Las bases de licitación del Transantiago fueron aprobadas por la Contraloría en octubre de 2017, dando así luz verde a la renovación del 50% del sistema de transporte de la capital entre otras disposiciones. Estas se pusieron a disposición de los oferentes en ese mismo mes y se recibieron hasta fines de diciembre, proceso en el que participaron siete empresas y que -según el calendario original- debería tener resultados durante el primer semestre de este año. Una fecha que ahora queda en duda.
Gobierno buscará dejar sin efecto la suspensión
Más tarde el gobierno emitió una declaración pública, donde si bien señalan que acatan el fallo anuncian que "solicitaremos se deje sin efecto la medida de suspensión, para lo cual expondremos detalladamente todos los antecedentes que acreditan la transparencia, legalidad y ecuanimidad con que se realizó la licitación".
"Como prueba de nuestra buena fe y colaboración, hemos presentado un escrito dándonos por notificados, procediendo por consecuencia la suspensión de la apertura económica de las ofertas. A su vez, se presentará al tribunal un escrito para solicitar dejar sin efecto la medida cautelar ordenada y así continuar con el proceso de licitación que estamos desarrollando", explicaron.
Junto con esto, defendieron el proceso de licitación, el que "permitirá, por ejemplo, incluir buses con nueva tecnología e incentivos para que aspectos tan relevantes como la frecuencia y regularidad se cumplan satisfactoriamente".
"Recalcamos que no está en riesgo la operación actual del sistema, ni el servicio de transporte a los usuarios", concluyeron.
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