Pese a que Osorno recuperará el abastecimiento de agua potable ayer domingo, el ejecutivo solicitó a la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) acelerar la indagatoria hacía la empresa Essal, y todo lo relacionado en torno al corte del suministro que afectó a la mayoría de los habitantes de la ciudad.
Los 11 días sin agua para los osorninos podrían costarle a la empresa cerca de $600 millones, además de la caducidad de su concesión que data desde 1998, así lo explicó el superintendente de Servicios Sanitarios (s), Jorge Rivas, al diario La Tercera.
“La caducidad, que es la máxima sanción posible, se está analizando. Eso es parte del análisis jurídico”, aseveró Rivas.
En este contexto, el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, sostuvo que que esperan que las sanciones a Essal “sean acordes a la enorme gravedad de lo sucedido. La ley contempla sanciones de tipo económico, pero también la caducidad. Eso lo verá la superintendencia”.
En caso de que se llegase a decretar la máxima sanción contra la empresa, Moreno explicó “que debe haber un administrador provisional y luego se hace una licitación para que llegue otra compañía”.
Por su parte, el alcalde de Osorno, Jaime Bertin, ratificó que se debe decretar el término “a la concesión de la empresa, es lo que corresponde. Esperamos que las personas después de tanto sufrimiento y problemas vuelvan a tener tranquilidad”.
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