Esta tarde el Senado aprobó el proyecto de inclusión laboral para personas con discapacidad. La nueva regulación tuvo apoyo unánime de los senadores y ahora quedó lista para ser promulgada, paso previo para convertirse en ley de la República.
Dentro de las materias que trata esta nueva legislación está la reserva de empleos del 1% para personas en situación de discapacidad, tanto en servicios públicos, civiles y militares, como en empresas privadas que tengan 100 o más trabajadores. Además las personas con discapacidad mental no percibirán salarios menores al sueldo mínimo.
Otro de los beneficios de esta nueva iniciativa es que se fija en 26 años la edad límite para suscribir contrato de aprendizaje con personas con discapacidad, asimilándola a la edad de término de la educación especial, diferenciándose así de la regulación actual, que no tiene definición etaria.
“Estamos haciéndonos cargo de una demanda que cruza transversalmente la sociedad chilena, que es la necesidad de hacer efectivo el derecho a la igualdad de oportunidades, la plena inclusión social y el aseguramiento del disfrute de los derechos de todas y todos, eliminando cualquier forma de discriminación", señaló el ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, tras la aprobación de este proyecto.
La realidad de la discapacidad en Chile
El Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad estimó que el 20% de las personas mayores de 18 años en el país se encuentran en situación de discapacidad, lo que en población asciende a más de dos millones seiscientas mil personas. De este porcentaje, casi un tercio se encuentra sin trabajo (39%).
Es por eso que para el gobierno la promulgación de esta ley era necesaria, para lo cual las instituciones relacionadas al proyecto (el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio del Trabajo y el Servicio Nacional de la Discapacidad) trabajaron en 11 mociones parlamentarias, cuyo propósito fue conseguir las cuotas laborales y beneficios que ya están incluidas en la medida oficial.
El Servicio Civil y el Servicio Nacional de la Discapacidad, se ocupará de la fiscalizar la nueva legislación en el sector público. Mientras que la Dirección del Trabajo y el Servicio de Impuestos Internos estarán a cargo del área privada.
