El pasado jueves 17 de septiembre se conoció que tres concejales de la comuna de San Ramón presentaron un requerimiento para destituir al alcalde Miguel Ánguel Aguilera por su responsabilidad en la contratación de narcotraficantes en departamentos municipales además de una millonaria compra -sin justificación- de una casa en La Reina.
Sin embargo, este martes, la abogada del edil, Andrea Rivera, aseguró a T13 que a la fecha "no hemos sido notificados y tampoco conocemos el texto de esta presentación, por lo que no es posible emitir ningún comentario al respecto".
En ese sentido, Rivera aclaró algunos puntos en su defensa donde asegura que "a la fecha no se está realizando ninguna investigación judicial en donde se le impute responsabilidad a mi representado por presuntos 'vínculos con el narcotráfico'".
En el documento explica que la investigación vigente, y que está a cargo del Fiscal Jefe de Delitos Económicos de Fiscalía Regional Metropolitana Sur, dice relación con "una cuestión de naturaleza diversa, y es la presunta responsabilidad que se le atribuye a mi representado en la contratación de personas con antecedentes penales en la municipalidad".
De acuerdo a Rivera, "ha sido el propio Fiscal don Leonardo Zamora de dicha Fiscalía quien entrevistado en Chilevisión el día 26 de diciembre de 2019 expresó que no existía ninguna investigación o antecedentes que dieran cuenta de los presuntos vínculos o nexos con narcotraficantes".
Y agrega: "Es un hecho público, que a la fecha no se ha formalizado a mi representado por ello ni por ningún otro motivo".
Por otro lado, la defensa aclara que "no es cierto que mi representado adquiriera la propiedad ubicada en La Reina mediante el pago de un pie en efectivo".
Y agrega: "Dicha expresión empleada en la escritura de compraventa, obedece a una fórmula habitual en dichas operaciones. En concreto, el pie se pagó en cuotas desde la suscripción del contrato de promesa de compraventa hasta la firma del contrato definitivo. Si bien no existe una investigación penal formal en este sentido, y dados los cuestionamientos mediáticos, se puso a disposición del Fiscal a cargo de la investigación penal de manera voluntaria hace más de un año, una serie de antecedentes con lo que se pretende despejar esas dudas".
La abogada asegura que tampoco es efectivo que la Contraloría General de la República, ordenara a al alcalde aclarar el origen de dichos fondos.
"La única investigación y cargo formulado a mi representado en la materia, dice relación con determinar si mi representado cumplió o no con la obligación de actualizar adecuadamente su declaración de patrimonio e intereses de acuerdo a la legislación vigente a la época. Dicho proceso, actualmente también está pendiente", declara Rivera.
