La investigación por abuso sexual a menores de edad que enfrentó Eduardo Macaya, padre del senador UDI Javier Macaya, siempre se había mantenido tramitada en la Región de O’Higgins, hasta ahora.
La causa nació luego de una denuncia presentada ante la Fiscalía, en mayo del 2023, donde una menor de 14 años acusaba que Eduardo Macaya había abusado sexualmente de ella y de otras dos menores. El caso avanzó y en julio de este año, el Tribunal Oral en Lo Penal (TOP) de San Fernando condenó al agricultor a seis años de presidio efectivo.
Sin embargo, la causa ahora sumará un nuevo capítulo, pero en Santiago. La defensa del condenado, el abogado Sergio Salas, presentó un recurso para anular el juicio y decretar un nuevo proceso de alegaciones en la causa, argumentando la vulneración de derechos constitucionales de su representado.
El escrito -de más de 100 páginas- fue ingresado el 30 de julio pasado al TOP de San Fernando, y dado los argumentos representados allí, se resolvió que el tribunal más competente para analizar el recurso fuera la Corte Suprema.
En concreto, la acción judicial será revisada por la Segunda Sala del máximo tribunal, abriendo un nuevo capítulo de la investigación y ahora en la capital.
La sentencia
La defensa de Macaya, desde iniciado el proceso, cuestiona la legalidad de los videos obtenidos, así como también su calidad. Según expusieron ante el tribunal en que se alegó el juicio, los investigadores nunca accedieron a los videos “originales” en que se evidenciaban los abusos, sino que habrían estado editados.
A pesar de eso, este argumento no fue valorado por el tribunal, quienes concluyeron que de los cuatros hechos de abuso imputado a Macaya, en dos se logró arribar a la conclusión –“más allá de toda duda razonable”- de la culpabilidad del acusado.
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El tribunal concluyó que “los videos se consideraron una prueba tan evidente, que no se estimó necesario encontrar los videos originales para poder entender el contexto de las grabaciones con que se realizó la denuncia”.
Además, los jueces del tribunal consignaron en su resolución que “se realizó un extenso y detallado análisis a cada uno de los videos, en los que se estimó que los cortes o repeticiones en nada afectaban el contenido de estos, generando imágenes auténticas en relación a quiénes estaban en ellas y qué, específicamente, estaban haciendo”.
Serán estos argumentos de los jueces de San Fernando que, ahora, serán revisados por la Corte Suprema en Santiago, la que podría dejar firme la sentencia del caso o marcar un vuelco en el proceso judicial. Plazos para esa determinación no existen.
