Rectores de UDP y UAH ponen en duda continuidad en gratuidad universitaria
Rectores de UDP y UAH ponen en duda continuidad en gratuidad universitaria
Un crítico balance sobre la reforma a la educación superior manifestaron los rectores de las universidades Diego Portales y Alberto Hurtado, Carlos Peña y Eduardo Silva, respectivamente.
En una carta al diario El Mercurio, los rectores manifestaron que si bien adhieren a la idea de sumar al sexto decil, "la inclusión no puede ser a costa de sacrificar la calidad".
"De mantenerse el diseño de la gratuidad sin modificaciones, nuestras universidades no podrán adherir nuevamente a ese programa. Sumar al sexto decil en las condiciones actuales obligaría a estas instituciones a transformarse en universidades meramente docentes, asistenciales, y a prescindir de las comunidades académicas destinadas a la investigación que ha costado años formar", aseguran.
En cuanto a las indicaciones que el Mineduc alista para introducir cambios al proyecto de reforma a la educación superior, aseguran que las propuestas resultan "insatisfactorios"
"La reforma a la educación superior queda reducida a tres objetivos: favorecer a las universidades del Estado (cuidándose de mantener el estatus de las privadas del Cruch y desconociendo al resto de las universidades), crear una superintendencia y reafirmar la política de gratuidad. Las universidades privadas mantienen su actual estatus, tanto las que integran el Cruch (que seguirán recibiendo aporte fiscal) como las creadas luego de 1981 (que con prescindencia de su calidad o de si adhirieron o no a la gratuidad, seguirán careciendo de él)", señalan.
Los rectores sostienen que luego de adscribir a la gratuidad, sus universidades han sufrido "una severa limitación de recursos que, de sostenerse, podría lesionar su calidad".
Incluso, hacen ver que "la transferencia por concepto de gratuidad que el gobierno efectúa (y que el proyecto de reforma no intenta modificar) no solo está por debajo de los aranceles, sino que no incluye ningún financiamiento para investigación" y que han debido "moderar sus programas de investigación, restringir la contratación de nuevas jornadas, suspender la mejora de su infraestructura física, congelar los incentivos a sus académicos".
