Por Juan Pablo Figueroa
Cuando a fines de 2015 los nombres de Raúl Fuentes Quintanilla y su empresa Inversiones Capellán aparecieron implicados en el Milicogate, las alarmas se encendieron en Carabineros. Desde hacía una década que las empresas de la familia Fuentes figuraban entre sus principales proveedores de repuestos, reparación y mantención de vehículos policiales. El mismo rol que jugaban en el Ejército y que les significó una acusación por fraude al Fisco y delito tributario, luego de que se descubriera que por años cobraron trabajos que nunca se hicieron y que emitieron cientos de facturas falsas.
Ante esos antecedentes, la Inspectoría General de Carabineros comenzó una profunda revisión a los procesos del Departamento de Transportes de la institución, el llamado L3, la unidad encargada de gestionar la correcta operación de una flota compuesta por cerca de 10.000 vehículos policiales en todo el país. Una labor clave para que la policía pueda cumplir efectivamente su labor de prevención y protección.
Contacto tuvo acceso a al menos cuatro auditorías distintas al L3. Los documentos revelan un profundo y grave desorden administrativo y de control sobre los procesos para la compra de repuestos y la contratación de servicios a talleres mecánicos externos. Las irregularidades que se detectaron no solo dan cuenta de faltas administrativas, sino que también de hechos que podrían constituir delitos.
“Tenemos esa sospecha. Por eso hicimos la denuncia al Ministerio Público. Y obviamente es una situación que no es grata para nosotros”, dijo el general Nabih Soza, jefe de la unidad que realizó las auditorías.
La dura crítica interna
El primero de los informes internos de Carabineros a los que tuvo acceso Contacto es previo al estallido del Milicogate. Se emitió en mayo de 2015 y se enfocó en las transacciones del L3 durante el segundo semestre de 2014, año en que la institución invirtió más de $12.350 millones en compra de repuestos y reparaciones. La conclusión de los auditores fue: “No se aprueba el período examinado durante la presente auditoría”.
Contacto: Contratos bajo sospecha
La primera observación fue un excesivo sobreprecio en lo que se le pagó a las tres empresas que por entonces tenían adjudicado el servicio de mantención y reparación de la flota metropolitana de Carabineros: SUMICAR, MAFER y SERVICAR. Entre las tres sumaban una facturación total de $6.726 millones, cuatro veces más que el presupuesto autorizado.
También se detectó la compra de repuestos para vehículos dados de baja y posteriormente rematados, y en las visitas a terreno a los talleres de MAFER y SERVICAR se constató que varios automóviles estaban perdidos. Los auditores encontraron en los locales 39 vehículos que no figuraban en registros del L3 como que estuvieran en mantención; otros 16 que sí estaban en los registros, pero no en los talleres; y 14 vehículos que sí estaban en los talleres, pero no aparecían en las nóminas de los proveedores.
Lo anterior, dice el informe, lo anterior da cuenta de “debilidades importantes en el control del parque vehicular institucional”.
Los otros tres informes están dedicados a los contratos con al menos tres de las empresas contratadas: Capellán, SUMICAR y SERVICAR. En general, en todos se detectaron las mismas falencias: sobreprecios, cobros doble, falta de documentos que permitan acreditar la ejecución de servicios contratados, adquisiciones por fuera del sistema de compras públicas, cobros por trabajos no estipulados en los contratos, uso de empresas relacionadas para adjudicarse tratos directos por menos de 10 UTM y órdenes de trabajo genéricas que dejan a criterio de los mecánicos de las empresas qué repuestos usar.
Todos esos antecedentes ya obran en poder de la fiscal Ximena Chong, la misma que investiga la arista civil del Milicogate.
“Creo que nuestros procesos de control se quedaron en el pasado. El volumen de reparaciones de vehículos que se manejan requería de una estructura distinta que no se había actualizado con la rapidez que se necesitaba. Y eso es lo que se está haciendo en este minuto”, señaló el el general Nabih Soza.
Qué ha dicho la Contraloría
Aunque las revisiones de Carabineros se han concentrado en lo que ha pasado los últimos dos años, los cierto es que las pistas sobre descontrol e irregularidades en el L3 datan de mucho antes.
Ya en 2013 la Contraloría detectó contratos fragmentados, sobreprecios y pagos cursados sin un convenio que los justifique, entre otras observaciones. Cuestionó también la reiterada contratación de Inversiones Capellán, aun cuando una resolución del mismo L3 la había dejado fuera de una millonaria licitación por no cumplir requisitos básicos para prestar el servicio.
T13 Móvil: Periodista Juan Pablo Figueroa cuenta los alcances del reportaje de Contacto
Ese mismo año llegaron a Carabineros las primeras denuncias desde las empresas contratadas para mantener y reparar sus vehículos. Acusaban supuestos tratos preferentes, favoritismos e incumplimiento de los contratos.
Las revisiones posteriores no hicieron más que confirmar las distintas irregularidades ocurridas durante el periodo administrado por el coronel Patricio Carrasco, quien pasó a retiro hace menos de un mes.
En 2015 la Contraloría cuestionó que Carabineros eligiera la marca Dodge antes de abrir una licitación para comprar 30 vehículos policiales de fábrica, favoreciendo así a la única empresa que representa a la marca en Chile. Después de eso se le volvió a comprar cientos de vehículos, y actualmente esa empresa también se hace cargo de mantener y reparar los carros de esa marca.
También detectó que los datos del L3 sobre el número de vehículos activos e inactivos no cuadraban con la información de las unidades operativas, que había discrepancias entre las facturas pagadas con los egresos registrados en la Dirección de Logística, la omisión de compras por $892 millones y falencias en la gestión de los recursos, lo que se traducía en que el 18% de los vehículos revisados no pudieran ser reparados por falta de fondos.
El último informe de la Contraloría sobre el L3 fue publicado a fines de agosto de este año. Aunque se descartaron irregularidades en la asignación del trato directo que entregó a SERVICAR el negocio completo de la reparación de automóviles en la Región Metropolitana por los siguientes tres años, sí se detectaron anomalías: vehículos a los que se le instalaron repuestos más baratos que los contratados o que tienen apariencia de ser usados.
