La Fiscalía Oriente formalizó la investigación contra dos funcionarios de la empresa Unisan por verter en una cámara de agua potable el material que se encontraba en la carga del camión recolector de desechos de baños químicos, vehículo que tenía una capacidad de tres mil litros.
El hecho ocurrió durante los días 19 y 21 de marzo de 2018, cuando los vecinos de las comunas de Las Condes y La Reina denunciaron malos olores en el agua. El suministro debió ser cortado y afectó a un total de 25 mil clientes.
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"Propagaron indebidamente residuos de carácter sanitario en la red de agua potable de la empresa Aguas Andinas, residuos que transportaban en camiones de la misma empresa dedicado al vaciado y limpieza de baños químicos localizados en distintas comunas del sector oriente de la capital, afectando gravemente el abastecimiento del agua potable de cerca de 25 mil personas que resultaron afectadas, poniendo en peligro la salud animal y vegetal”, precisó la fiscal en la audiencia.
Se pidió la medida cautelar de prisión preventiva para Gabriel Acosta, chofer del camión, por su responsabilidad en los vaciamientos ilegales ocurridos los días 19 y 21 de marzo.
Declaraciones de testigos de la causa indicaron que Acosta habría incluso consultado días antes a un guardia si la cámara de agua era para aguas servidas o agua potable, compartimento que fue abierto con un chuzo. El tribunal estimó que la libertad del imputado constituía un peligro para la seguridad de la sociedad al exponer a la población.
Para Carlos de la Rosa Márquez, a quien se le formalizó por su participación en el vertimiento ocurrido el día 21 de marzo, se solicitaron las medidas cautelares de arraigo y firma mensual.
El 4°Juzgado de Garantía accedió a un plazo de investigación de 120 días. Un tercer imputado será formalizado el próximo 1 de marzo.
