El juez Mario Carroza investiga más de 500 casos de menores adoptados por familias extranjeras entre los años 70 y 80. Se trataría de entregas irregulares, las cuales, en algunos casos, serían una presunta sustracción. Pese a eso, se advirtió que si no se determina que son delitos de lesa humanidad, podrían estar prescritos.
Telma Uribe (96), quien fue interrogada el año pasado y está en calidad de inculpada, pues en las décadas de los 70 y 80 estuvo vinculada a organismos internacionales que facilitaban adopciones a familias extranjeras, según consignó La Tercera.
Según un archivo que guardaba, 579 niños chilenos fueron dados en adopción entre 1950 y 2001, de los cuales 525 fueron acogidos por familias extranjeras.
Luego que este documento pasara a manos de María Cecilia Erazo, perito de la Corte de Apelaciones de Santiago, se elaboró un informe donde se indica que "los registros revisados es posible señalar que la Sra. Uribe participaba en la tramitación legal del procedimiento de legitimación adoptiva o de tuición con autorización de salida del país (adopción internacional)".
Además, según el informe de Erazo, para que Uribe realizara más de 500 adopciones tuvo una serie de colaboradores, entre los que había médicos, una abogada, una secretaria, dos asistentes sociales y una traductora.
Por otro lado, en la gran mayoría de casos revisados, existió un aporte económico a las madres por distintos conceptos y, además, se señala que había menores calificados como “buenos niños” por ser no solo lactantes, sino también de piel clara y sin rasgos de “raza indígena”.
Junto con eso, el informe concluye que se generó una “actividad económica en relación a la materia” y que, en algunos casos, es difícil diferenciar entre “el tráfico o venta de niños y un apoyo social y económico a una madre”.
También se llegó a la conclusión que “no es posible dar cuenta directamente de una posible sustracción de menores, pero tampoco descartarla”. Siguiendo esa línea, el juez Mario Carroza, asegura que en medio de la investigación por sustracción de menores entre 1973 y 1990, fueron confirmados los antecedentes a que se realizaron adopciones irregulares”
Ahora bien, el juez señaló que "en varios casos" había problemas de prescripción. "Si estamos hablando de casos que no están contemplados dentro de lo que podrían ser delitos de lesa humanidad, estaríamos hablando de hechos que estarían prescritos", concluyó.
