La matrícula escolar en los colegios públicos de la zona norte del país es una preocupación para el Ministerio de Educación. El aumento de la población migrante en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta genera inquietud en las autoridades y se podrían tomar algunas medidas.
Según datos del Mineduc publicados por El Mercurio, la matrícula de estudiantes extranjeros aumentó de un 2,2 por ciento en 2017, hasta un 6,6% en 2022.
La preocupación se centra principalmente en las regiones de Tarapacá, donde la población migrante llega a un 10 por ciento, y Antofagasta, donde es de 8 por ciento. En 2022, la matrícula escolar de estudiantes chilenos fue de 80.760 en Tarapacá, mientras que quienes fueron matriculados con el Identificador Provisorio Escolar (IPE) para los migrantes que no cuentan con RUT y deseen integrarse al sistema escolar chileno, fue de 9.372.
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Desde el Gobierno de Gabriel Boric han planteado la necesidad de ampliar cupos para que la demanda de estudiantes pueda ser satisfecha, mientras que desde la UDI plantearon en un proyecto que busca enfrentar la crisis migratoria que no se pueda “preferir” a los estudiantes extranjeros por sobre los chilenos.
“Se debe clarificar el concepto de igualdad de condiciones, en cuanto no puede significar un mejor trato para extranjeros respecto a chilenos en la misma situación. Si se producen vacantes el chileno debe tener la preferencia”, explicó la senadora UDI Luz Ebensperger, una de las impulsoras de las modificaciones a la norma.
Desde la Fundación Acción Educar creen que hay algunas alternativas para combatir la alta demanda en el sistema de admisión.
“Datos del Sistema de Admisión Escolar (SAE) del año pasado muestran que comunas como Antofagasta, Alto Hospicio y Calama estuvieron muy cerca de estar en una situación de exceso de demanda de cupos escolares. Es posible que este año la presión que el aumento de la población migrante genera afecte la capacidad del sistema de responder a las necesidades”, explicó el director ejecutivo de la fundación, Daniel Rodríguez.
“Al pensar en posibles soluciones ante esta situación, lo más relevante parece ser impulsar la cooperación público-privada: por ejemplo, liberando las restricciones que impone la Ley de Inclusión de 'demanda insatisfecha', lo que permitiría que los colegios particulares subvencionados ampliaran sus cupos rápidamente para recibir a estos estudiantes. A su vez, se podría acelerar la reforma a la Ley SEP- sin avances en el Senado- así como flexibilizar transitoriamente los requisitos administrativos para acceder a beneficios como alimentación y útiles escolares”, añadió.
