La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de nulidad interpuesto por la defensa, en contra de la sentencia que condenó a Teresa Díaz Stevens (75) y a su hija Mónica Flores Díaz (54) a 17 años de presidio efectivo en el caso de la clínica clandestina de Las Condes en que murió Leslie Vergara.
Ambas fueron condenadas el 11 de enero pasado en calidad de autoras de los delitos consumados de homicidio simple, uso malicioso de instrumentos públicos falsos, lesiones graves y ejercicio ilegal de la profesión de médico cirujano, ilícitos cometidos entre 2015 y febrero de 2022.
En fallo unánime, la Quinta Sala del tribunal de alzada descartó vulneración al principio de razón suficiente en la sentencia dictada por el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago.
Según la resolución, "en la sentencia impugnada no se advierten los reproches efectuados por la defensa en el recurso de nulidad interpuesto, toda vez que el fallo realiza un completo análisis de la prueba rendida en el juicio tanto respecto a la existencia del hecho punible por el cual fueron sancionadas las acusadas, así como la participación de Mónica Flores Díaz y Teresa Díaz Stevens en el mismo".
El 11 de enero pasado, el Tercer Tribunal Oral Penal de Santiago sentenció a Díaz Stevens (75) y su hija a sendas penas únicas de 17 años de presidio efectivo por el homicidio simple de Leslie Vergara y otros delitos cometidos en la clínica estética clandestina que manejaban en la comuna de Las Condes.
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Asimismo, en fallo unámime, el tribunal sentenció a Jorge Flores Díaz (53, hijo) a la pena de cumplimiento efectivo de 818 días de reclusión, como autor del delito consumado de ejercicio ilegal de la profesión de médico cirujano, cometido entre 2015 y 1 de febrero de 2022, en la comuna de Las Condes.
Leslie Vergara Pavez falleció en febrero de 2022, después de someterse a un aumento de glúteos en la clínica clandestina. La inyección de silicona industrial le causó una embolia pulmonar en la misma clínica ingresó muerta a la Clínica Cordillera. Tenía 32 años.
Durante el proceso, la fiscalía informó que diversas víctimas denunciaron el ejercicio ilegal de la profesión por parte de estas personas, acreditando que una de ellas resultó con lesiones graves en sus rodillas, debido a la inyección de silicona industrial.
