El Poder Judicial, a través de su vocera la ministra de la Corte Suprema Gloria Ana Chevesich, rechazó la acusación constitucional que se presentará este jueves en la Cámara de Diputadas y Diputados en contra de la jueza Silvana Donoso, quien presidió la comisión que otorgó la libertad condicional a Hugo Bustamante, el único imputado por el crimen de la adolescente Ámbar Cornejo.
“Se aplicó la ley, el reglamento respectivo, y se estimó que concurrían todos los requisitos que la normativa establecía, que no es la misma que está vigente actualmente", dijo Chevesich sobre la liberación de Bustamante.
"Acusar a alguien porque está ejerciendo la labor, está aplicando la ley vigente al momento de la decisión adoptada, no nos parece que corresponda", agregó.
Bustamante, quien está detenido luego que se encontrara el cuerpo de la adolescente en su casa, había sido condenado por doble homicidio en 2005 y pudo acceder a la libertad condicional tras cumplir sólo 11 de los 27 años de condena por los que había sido sentenciado, y a pesar de un informe negativo por parte de Gendarmería de Chile.
"La postura de la Corte Suprema y del Poder Judicial, en general, es que en este caso se actuó conforme a la ley vigente al momento en que se adoptó dicha decisión", insistió Chevesich.
La Acusación Constitucional es una facultad con que cuenta el Congreso para realizar una suerte de juicio político al actuar de autoridades de gobierno y del poder judicial. Desde 2005 -cuando debuta este mecanismo- se han interpuesto dos libelos contra magistrados. Sin embargo, ninguno de ellos ha sido aprobado en su primera fase durante la Cámara de Diputados.
En 2014 se ingresó una acusación constitucional en contra de Héctor Carreño Seaman, ministro de la Corte Suprema , a quien un grupo de diputados acusó de ocultar un informe que detectó irregularidades en el Sename.
Cuatro años después los ministros de la Corte Suprema Hugo Dolmestch, Manuel Valderrama y Carlos Künsemüller enfrentaron otra acusación luego que se le otorgara la libertad condicional a un grupo de condenados por violaciones a los DD.HH.
