El Poder Judicial entregó este martes una actualización de las cifras de las personas que han sido condenadas o se mantienen con medidas cautelares por delitos relacionados al estallido social de octubre de 2019. Según la información de tribunales son 26 los civiles que se mantienen en prisión preventiva y no han sido condenados por distintos delitos.
La ministra vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich dio a conocer las cifras de personas en prisión preventiva por presuntos delitos asociados al estallido social entre octubre de 2019 y marzo de 2020.
Según el organismo, 2.180 civiles fueron acusados en los tribunales por distintos delitos, entre quienes 26 se mantenían en prisión preventiva por, al menos, algún delito relacionado al estallido social al 11 de diciembre de 2020. En promedio, los 26 imputados llevan 318 días en prisión preventiva y se estableció que en todas las causas se realizaron audiencias de revisión de la medida cautelar.
Las infracciones contabilizadas por el Poder Judicial son desórdenes públicos, interrupción de la libre circulación, lanzamiento de objetos en la vía pública con resultado de muerte o lesiones, robo en lugar no habitado, receptación, incendio con peligro para las personas, robo en ocasión de calamidad o alteración al orden público, hurto en ocasión de calamidad o alteración al orden público, saqueo, maltrato obra a carabineros y crímenes y simples delitos sobre seguridad interior del Estado.
La publicación de estos datos se da semanas después de la presentación de un proyecto de ley, por parte de parlamentarios de oposición, que buscaba indultar a quienes estuvieran actualmente detenidos por delitos relacionados al estallido social.
"La estadística está elaborada con criterios que al Poder Judicial le parecen pertinentes a la situación analizada y que son los mismos que se aplicaron para realizar el primer análisis pos estallido social en febrero del año pasado", explicó la ministra.
Violaciones a los DDHH
En el caso de las detenciones a agentes del Estado por delitos asociados al estallido social, desde el Poder Judicial aseguraron que 21 uniformados fueron imputados por violaciones a los Derechos Humanos y once de ellos están actualmente en prisión preventiva.
