Presidente de Magistrados: “El Ejecutivo está tocando una tecla por una presión indebida"

El Presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, Álvaro Flores, abordó la polémica suscitada tras la decisión del juez de San Antonio, Juan Pablo Flores, que declaró “ilegal” la detención de dos imputados sorprendidos con armas y municiones dentro de un auto.

En ese sentido, Álvaro Flores aseguró que no hay dobles lecturas respecto a la ilegalidad de la detención, pues se está en un procedimiento de tránsito y, además, que “la regla dice que el control de la ilicitud es antes del hallazgo”.

Además, comenta que “el procedimiento, desde sus inicios, tiene poca probabilidad de terminar en condena”, porque las diligencias ya están “contaminadas”.

Y, por lo mismo, señala que “el precio que se paga por la infracción policial es grave” junto con remarcar que “el carabinero no tiene una causa justificada en la norma legal para llegar a la maleta”.

Junto con eso, apuntó que “si el juez aplica el sentido común, eventualmente la prueba pudo haber sido excluida como prueba ilícita en el avance del juicio y, también, el caso pudo ser anulado por la Corte Suprema”.

“Presión indebida”

Álvaro Flores, además, abordó las críticas al sistema judicial por las supuestas falencias que hay en él y la falta de penas o consecuencias para los delincuentes, que ha sido levantada como bandera de lucha por parte del Ejecutivo.

“La función de los jueces es más sencilla de lo que se plantea”, apunta Flores y señaló que a los jueces se les ha “entregado” una responsabilidad que no les corresponde.

“Se nos ha planteado términos erróneos desde el mundo político; que tenemos que alinearnos a la lucha contra la delincuencia, que tenemos que ser agentes de la lucha contra la delincuencia” y, añade, que “los jueces lo único que hacemos es resolver casos conforme a la ley”.

Sin embargo, argumentó que “no somos insensibles a la delincuencia” y ante las críticas de Andrés Chadwick, que “es grave lo que hace el ministro del Interior, porque es jefe político, es parte de un gobierno que nombra a los jueces, como querellante es parte de un interviniente en el proceso”.

Junto con eso, añade que “todos sus alegatos vinculados a mayor penalidad o actitud de los jueces debe vertirlos sobre el proceso. Genera una asimetría respecto a otros intervinientes y el proceso es equilibrio entre intervinientes, o partes, frente a un tercero imparcial, que es el juez”.

“El poder Ejecutivo sabe que está tocando una tecla absolutamente determinada por una presión indebida”, apunta.

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