Una "opacidad" en la investigación. Esto es solo una de las cosas que acusa el gobierno en el recurso de apelación al fallo del tribunal de Garantía de Temuco que resolvió el cierre de la operación huracán y el sobreseimiento de los ocho imputados, entre ellos el líder de la CAM, Héctor Llaitul.
En el documento, el Ejecutivo cuestiona que no hayan podido acceder en igualdad de condiciones a una serie de informes periciales, que fueron citados en la audiencia por los defensores. Uno de ellos, el que señalaba que algunos de los teléfonos de los imputados se habían conectado a internet tras ser incautados por Carabineros.
Una situación por la cual el gobierno señala que "es absolutamente imposible de acuerdo a los antecedentes y pruebas contenidos en la carpeta investigativa inferir la inocencia de los imputados".
Cuando el Ministerio Público actúa respetando los principios consagrados en su Ley Orgánica Constitucional y que inspiran la reforma procesal penal en Chile, no cierra investigaciones con pruebas secretas y permite a los intervinientes un efectivo ejercicio de sus derechos
"Es justamente por esta situación ambigua, y por esta investigación incompleta que realizó el Ministerio Público, que esta parte querellante solicitó previamente la reapertura de la investigación, y concretamente que un organismo suficientemente calificado realice un informe que permite aclarar la evidente opacidad que presenta la investigación", señala el Gobierno en uno de los párrafos más duros del documento de 20 páginas que fue ingresado esta jornada.
Y es que para el Ejecutivo, la carpeta investigativa presenta "algunas contradicciones" entre las conclusiones de Carabineros y los informes elaborados por la Fiscalía Nacional, por lo que "no es posible colegir lógica ni racionalmente la inocencia de los imputados".
Y no solo eso: El gobierno acusa una "evidente falta rigurosidad" y "errores metodológicos" en los informes de la fiscalía, "ya que no explican el procedimiento utilizado para el análisis de los equipos, peor aún existe una discordancia entre los supuestos archivos con problemas, en el primer documento nos habla de solo 5 y en el segundo de 7, ello a pesar de que se analizaron menos dispositivos en este segundo caso".
Junto con esto, enfatizan que el fiscal de la causa decidió decretar el cierre teniendo 23 diligencias "aun pendientes". "Por lo cual, el ente persecutor no cumplió con su deber legal y constitucional de agotar la investigación", agregan.
Es por ello que La Moneda manifiesta el fallo que sobreseyó a los imputados produjo un "agravio", ya que con esto se terminó "perjudicando los intereses de la persecución penal al poner término con su resolución al procedimiento, y muy posiblemente ocasionando impunidad respecto de delitos gravísimos".
Polémica por secreto de investigación
El recurso, además, se hace cargo de una de las polémicas que marcó la discusión del cierre de la causa. En esa oportunidad, los fiscales acusaron "negligencia" del Ejecutivo al no solicitar el levantamiento del secreto de la investigación.
"Cuando el Ministerio Público actúa respetando los principios consagrados en su Ley Orgánica Constitucional y que inspiran la reforma procesal penal en Chile, no cierra investigaciones con pruebas secretas y permite a los intervinientes un efectivo ejercicio de sus derechos", señala el gobierno.
Ante ello agregan que lo anterior se resume en que ellos "de buena fe" esperaron el resultado de las diligencias declaradas secretas, "supuestamente para resguardar la eficacia de la investigación, y que, de un día para otro, de manera abrupta y casi subrepticia, se entera que la investigación se encuentra cerrada, sin tener conocimiento del contenido de las piezas declaradas secretas, cuestión que se extendió hasta mucho después, porque el Ministerio Público entregó copias incompletas de la carpeta".
"La situación descrita, se traduce en una situación imposible e insuperable para este querellante", remataron.
