Dos horas y media se reunieron los fiscales regionales de Aysén, La Araucanía y Los Ríos en la sede nacional del Ministerio Público, para abordar la más compleja controversia que ha afectado al actual sistema Procesal Penal desde su entrada en vigencia.
Carlos Palma, jefe regional de Aysén, lidera 10 investigaciones por posible obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público, originadas por los cuestionamientos que sufrió la evidencia recabada por Carabineros –bajo la Ley de Inteligencia- y utilizada para la llamada “Operación Huracán”.
Asimismo, Palma también está al mando de la indagatoria que busca esclarecer si existieron o no filtraciones en estas causas, las que revelarían una supuesta red de protección a favor del histórico líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul.
Las sospechas de “fabricación de evidencia” y mensajes implantados en los celulares de los imputados gatillaron que la Fiscalía de la IX región, al mando de Cristián Paredes, determinara no perseverar la indagatoria en contra de una serie de personas, indagadas por múltiples atentados incendiarios de carácter terrorista.
Todas estas materias fueron analizadas en la mañana de este martes. Sin embargo, la participación del fiscal Juan Agustín Meléndez (en la foto), jefe regional de Los Ríos, dio luces de lo que podría ser un nuevo caso de posible montaje policial.
Este miércoles 13 de febrero, en el Juzgado de Garantía de San José de la Mariquina, el Ministerio Público sostendrá una audiencia en la que una persona, de iniciales P.A., solicita ver si está siendo investigado o no por una serie de atentados incendiarios a camiones.
En múltiples publicaciones de prensa se ha aludido a la investigación que se lleva en la fiscalía dirigida por Meléndez, respecto de la quema de 29 camiones en la mencionada localidad, el pasado 28 de agosto.
P.A., en informes policiales elaborados también bajo la ley de inteligencia, y que fueron entregados al Ministerio Público, habría sido sindicado como uno de los autores materiales de este ataque. Sin embargo él, a la hora del ataque, habría estado firmando justamente ante Carabineros, quienes concurrieron a su hogar en el marco de su arresto domiciliario.
Todas estas circunstancias cobran más relevancia al considerar la declaración de Álex Guillermo Smith Leay, sindicado como “El Profesor”, quien supuestamente habría desarrollado la aplicación utilizada para recabar antecedentes en la “Operación Huracán”.
En su comparecencia ante el fiscal Paredes (en la foto) el pasado 30 de enero, Smith manifestó haber desarrollado más aplicaciones “para determinar la ubicación de los teléfonos en determinados lugares. Esta herramienta la desarrollé para una investigación a cargo de la Fiscalía de San José de la Mariquina (…) comencé a desarrollar este software una vez que se produjeron las detenciones de huracán, lo que me pedían era desarrollar una herramienta que permitiera determinar cuántos teléfonos habían (sic) en un determinado lugar y dónde se encontraban estos”. Incluso, en conjunto con el Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar), se habría comprado un hosting y un Nick, llamado “tubicación”.
Esta declaración, junto con las entrevistas otorgadas por Smith (en la foto) a Teletrece, ya habían llamado la atención del Ministerio Público, desde donde no descartan que los antecedentes de la investigación de San José de la Mariquina contengan vicios similares a los cuestionados en la “Operación Huracán”.
Estas sospechas habrían llevado a que este martes se dieran curso a diligencias solicitadas de parte del fiscal Juan Agustín Meléndez, que buscan incautar más material de la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada dependiente de la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros, según denunció la abogada Marisa Navarrete –defensora de “El Profesor” y de otros 7 oficiales de Inteligencia de Carabineros– en un escrito enviado hace unas horas al juez de la localidad de la región de Los Ríos.
“Existen antecedentes que pudieren afectar la seguridad nacional, caso en el cual existe un procedimiento especial que la Fiscalía no ha dado cumplimiento”, hace presente Navarrete, quien recuerda que la misma oficina se realizó un procedimiento idéntico el 26 de enero, en el que se retiraron todos los equipos computacionales, tras un tenso entrevero entre la Policía de Investigaciones, el Ministerio Público y Fuerzas Especiales de Carabineros, los que intentaron impedir que se llevara a cabo la diligencia.
Esta situación, junto con las dudas planteadas por P.A. serán discutidas en esta audiencia, la que comenzará a las 10 de la mañana, en el Juzgado de Garantía de la citada localidad.
Altos generales de Carabineros alistan sus defensas
Marisa Navarrete representa a ocho protagonistas de esta controversia que mantiene enfrentados a la Fiscalía, a Carabineros, y que mantiene como querellante al gobierno, quien exigió reabrir la “Operación Huracán” y envió una queja en contra de la resolución del juez Federico Gutiérrez, quien determinó sobreseer a los ocho imputados de este caso.
Sin embargo, altos generales de Carabineros ya se están haciendo representar en este caso.
El actual jefe de Inteligencia de Carabineros, Gonzalo Blu (en la foto) –imputado en el caso de posible falsificación de evidencia– será representado por el abogado Jaime Guerrero Norambuena.
Asimismo, el jefe de orden público en La Araucanía, general de Carabineros Marcelo Teuber, se hará representar por el abogado Rodrigo Arias Vera.
