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Operación Cóndor: Condenan a 20 ex agentes de la DINA por homicidios y secuestros calificados

Operación Cóndor: Condenan a 20 ex agentes de la DINA por homicidios y secuestros calificados
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Entre los sentenciados se encuentran Miguel Krassnoff, Raúl Iturriaga Neumann y Pedro Espinoza. La sentencia es por los secuestros calificados de 12 personas entre 1975 y 1977.
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El ministro en vista para causas por violaciones a los derechos humanos, Mario Carroza, condenó este viernes a veinte ex miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por su responsabilidad en los delitos de secuestro y homicidio calificado de víctimas de la denominada Operación Cóndor.

El magistrado condenó a los agentes Christoph Willike Floel y Raúl Iturriaga Neumann a la pena de 17 años de presidio por homicidios y secuestros calificados durante la dictadura.

También, dictó condena en contra de los agentes Pedro Espinoza Bravo, Juan Morales Salgado, Jorge Escobar Fuentes, Federico Chaigneau Sepúlveda y Miguel Riveros Valderrama a una pena de 15 años y un día de presidio.

Además, se encuentran Gerardo Godoy García, Miguel Krassnoff Martchenko, Ciro Torré Sáez y Orlando Manzo Durán quienes cumplirán una pena de 5 años y un día.

La Operación Cóndor fue la coordinación entre dictaduras latinoamericanas para eliminar a los detractores en la década de los '70.

Según el fallo, el régimen militar instituyó en 1975 "un plan de coordinación de acciones y mutuo apoyo entre los líderes de los servicios de inteligencia de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile, destinado a desestabilizar a los opositores a los Regímenes asumidos por las Fuerzas Armadas y de Orden". 

El análisis de los casos, "patentizan la apuntada cooperación y coordinación de los servicios de inteligencia, en casos concretos, donde los agentes de inteligencia de nuestro país, en estos casos, coludidos con los de Argentina, Paraguay y Bolivia, no solo concertaron la detención de las víctimas, sino que también crearon las condiciones para encerrarlos y trasladarlos a nuestro país, con el siniestro propósito de confinarlos en recintos clandestinos para interrogarlos, torturados y luego proceder con extrema crueldad, a eliminarlos", señala el documento.

Además, en el aspecto civil, se acogió la demanda presentada por familiares de las víctimas en primera instancia, lo que podría ser revisado por la Corte de Santiago.

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