Este lunes el Ministerio de Justicia dio a conocer los resultados el informe que realizó el Comité de Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y que hizo un crudo diagnóstico del funcionamiento del funcionamiento de los centros del Servicio Nacional de Menores (Sename).
El texto fue recibido por el Gobierno el pasado 7 de junio y corresponde a la visita que dos delegados del organismo internacional hicieron en enero de este año a centros de la Región Metropolitana y de Valparaíso, y que estuvo motivada tras la denuncia que la diputada de la UDI, Claudia Nogueira, presentó ante el comité por la muerte de la menor Lissette Villa, ocurrida en abril de 2016 en el Centros de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread) Galvarino de Estación Central.
El informe muestra un lapidario diagnóstico de los expertos, ya que considera que el Estado de Chile es responsable de "graves violaciones de los derechos enunciados en la Convención considerando que el sistema de protección residencial de Chile ha resultado en una amplia vulneración de derechos de miles de niños, niñas (NNA) y adolescentes bajo tutela del Estado durante un largo periodo de tiempo".
Asimismo, los expertos aseguraron que el Estado es culpable de las violaciones llevada a cabo en los Cread, los Ocas (Convenios Organismos Colaboradores Sename) y otros tipos de centros "no solo por la falta de supervisión, sino también porque dichos centros, a efectos de distribución de responsabilidad, deben ser considerados agentes del Estado, al actuar en el ejercicio de las funciones públicas por delegación del Estado".
El documento también da a conocer motivos de ocurran estas violaciones en el organismo estatal, las que relaciona con "causas estructurales" y las ordenó en cuatro puntos:
- La falta de una ley integral de protección de la niñez basada en una perspectiva de derechos humanos.
- La existencia y uso extendido y continuo de medidas judiciales que fallan en su propósito de protección y recuperación.
- El mantenimiento de un cuadro administrativo de Sename no adecuado en recursos humanos y financiero.
- La incapacidad y/o voluntad, por parte del Estado, de tomar medidas eficaces y oportunas a pesar de que la situación del sistema de protección residencial es conocida a través de informes oficiales de los poderes ejecutivo, judicial y legislativo.
Críticas al sistema judicial
Los expertos de la ONU también fueron muy críticos con el actuar del Poder Judicial: "Existe consenso sobre la excesiva judicialización del sistema. Los jueces tienen encomendada la adopción de todas las medidas de protección, desde las ambulatorias a las residenciales. Pero no tienen un conocimiento preciso de los recursos alternativos a la internación, ni el tiempo necesario para el estudio de cada caso individual, ni la capacitación para saber cuál es la medida social más adecuada para cada NNA. Los tribunales tienen poco personal especializado de apoyo", recalcaron.
Por lo mismo, en el informe se dan una serie de recomendaciones para remediar esta situación, entre las que destacan la desjudialización del sistema, que el Estado establezca un mecanismo de reparación, fortalecer el papel del Defensor de la Niñez y modificar la Ley de Subvenciones con el fin de exigir estándares de calidad para los OCAS y desarrollar programas de rehabilitación para los NNA (niños, niñas y adolescentes ) y las familias, entre otros.
Finalmente, el comité entrega un plazo de seis meses a Chile para que informe de las medidas adoptadas.
La respuesta del Gobierno
A través de un comunicado, el Ministerio de Justicia aseguró que "comparte en lo fundamental" lo dado a conocer por el informe pero precisó que lo dicho no era del todo nuevo, ya que se tenía conocimiento de la situación del Sename con el informe “Jeldres” en 2013. En este sentido, se recalcaron las medidas adoptadas por la administración de Michelle Bachelet y el Acuerdo Nacional por la Infancia impulsado por el Presidente Sebastián Piñera.
De todas maneras, el ministerio aseguró que "es importante señalar que muchos de los contenidos de este documento carecen de la debida justificación que su tenor emplea, efectúa generalizaciones sin acompañar los antecedentes correspondientes y comprende décadas de gestión de numerosos gobiernos (y también del Congreso Nacional y de los Tribunales de Justicia) que tuvieron el propósito de mejorar la condición de la niñez, que no se reconocen ni valoran, lo cual obliga a leer su texto con especial cuidado y consideración".
Asimismo, se enumeraron las medidas tomadas y las por tomar y se aclaró que "la gran mayoría de las recomendaciones efectuadas por el Comité ya han sido ejecutadas por el Estado, se están ejecutando por él, o se van a ejecutar en el corto plazo por distintos servicios e instituciones públicas".
