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Oficiales en retiro se querellan contra ministro de Justicia por muertos de COVID-19 en Punta Peuco

Oficiales en retiro se querellan contra ministro de Justicia por muertos de COVID-19 en Punta Peuco
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Dos condenados por crímenes de lesa humanidad fallecieron durante la última semana por un brote de COVID-19 en el penal que alberga a responsables de violaciones a los derechos humanos.

Un grupo de oficiales en retiro presentó, este lunes, una querella contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, a quien responsabilizan por la muerte de dos condenados en el Penal de Punta Peuco, donde se produjo un brote de COVID-19.

EL Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro de la Defensa Nacional se querelló contra el Ministerio de Justicia y “todo aquel que resulte responsable, por su responsabilidad en el grave daño a la salud de una cincuentena de personas” en el lugar que alberga a condenados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Los querellantes acusan que hubo un actuar “deshumanizado” y “negligente” por parte de las autoridades y los responsabilizan directamente por el deceso de dos reos en los últimos días.

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“Es gravísimo, que después de haberlos marginado de la aplicación de una medida de salud pública como la Ley Nº 21.228 sobre indulto conmutativo con motivo del COVID-19, que tenía como elemento central la condición fisiológica de las personas, decidiendo proteger a algunas y dejar a su suerte a las otras, no haya dispuesto medidas efectivas para proteger a los excluidos en caso de brote de epidemia, a sabiendas del peligro que ello representaba para centenares de adultos mayores y enfermos crónicos privados de libertad”, dijeron los exoficiales.

“Continúa la vulneración de extensa normativa internacional que protege los derechos humanos de nuestros camaradas, en cuanto personas, en cuanto adultos mayores y, también y lamentablemente, en cuanto privados de libertad, a quienes se las han negado de manera progresiva, sistemática y permanente -y actualmente de forma burda- las garantías básicas de un debido proceso”, añaden.

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