El fiscal nacional, Ángel Valencia, junto al ministro de justicia, Luis Cordero, expusieron frente a la comisión de Constitución del Senado, en el marco del proyecto de reforma constitucional que busca crear la Fiscalía Supraterritorial, la cual, estaría especializada en crimen organizado y delitos de alta complejidad al interior del Ministerio Público, donde también hicieron referencia a las bandas criminales presentes en Chile.
En ese contexto, Valencia expuso que "el Ministerio Público es una institución autónoma, cuya orgánica y funcionamiento se basan en una lógica territorial. Desde la instalación de la Reforma Procesal Penal se ha reconocido la necesidad de abordar los fenómenos criminales en función de su contexto situacional”.
“Aunque en la mayoría de los casos esto sigue siendo válido, también es importante reconocer que la naturaleza de algunos fenómenos criminales ha evolucionado en los últimos años, observándose la presencia de crimen organizado que se extiende en varias regiones de país y de nuevos mercados delictuales que aparecen como dinámicos y no anclados en un solo territorio”, añadió.
Dado lo anterior, para el fiscal nacional "resulta necesario avanzar en lógicas investigativas que superen el trabajo limitado a determinados territorios, sobre todo considerando la ingente evolución de fenómenos criminales interregionales y transnacionales”.
Valencia apuntó que “en los últimos cinco años la criminalidad organizada en Chile ha cambiado drásticamente, como sabemos. Se ha incrementado la presencia de organizaciones extranjeras con pretensiones de control territorial en sectores del país donde no teníamos esa situación".
"Hoy día tenemos problemas en la comuna de Santiago que no tienen precedentes en nuestra historia, tenemos un problema en la comuna de Los Ángeles, en la región del Biobío, que no tenía precedentes en nuestra historia y no es necesario abundar en los problemas que se enfrentan hoy día en la ciudad de Iquique, se enfrentan en Alto Hospicio o los problemas que hay en Arica”, detalló.
Es así que "estas expectativas de control territorial los lleva a ejercer violencia en esos lugares y además realizar actividades que los constituyen en una suerte de parásitos o depredadores de la economía local".
En esa línea, Valencia explica que "cada macrozona presenta realidades distintas, de acuerdo sus propias economías ilícitas (madera sustraída en el sur, negocio ilícito con la migración en el norte, vehículos receptados y extorsiones en la zona central)”.
¿Cuáles son las bandas criminales que operan en Chile?
Asimismo, el fiscal nacional enumeró las investigaciones recientes que han tenido carácter transregional y transnacional, detallando además las bandas criminales que operan en el país:
- Tren de Aragua.
- Los Gallegos (brazo operativo del Tren de Aragua).
- Los Pulpos.
- Los Espartanos.
- Los Chotas.
- Los Valencianos.
- Bang de Fujian (mafia china, zona sur de Santiago).
Valencia detalló que estas bandas "se dedican a todas aquellas actividades que les reportan lucro, generalmente ilícitas, aunque a veces abordan las actividades lícitas, con el propósito de blanquear o disimular las actividades que son ilegales o criminales".
Respecto al Tren de Aragua, una de las bandas criminales más conocidas, el líder del Ministerio Público afirmó que "el fiscal nacional Jorge Abbott encargó a un fiscal regional la investigación de toda esta organización criminal, la extensión de la misma, más allá de la zona centro del país, obligó a que durante esta administración tuviéramos que tomar una decisión diferente".
Respecto a la seguridad de los fiscales, señaló que "en la medida que son equipos los que persiguen, y no hay súper fiscales, la seguridad de los fiscales se ve fortalecida. En este caso específico, tratándose de la Fiscalía Supraterritorial, deberían ser equipos los que persigan”.
Respecto a la dotación requerida, Valencia afirmó que se necesita un fiscal jefe supraterritorial, 34 fiscales adjuntos supraterritoriales, tres abogados asesores, 17 abogados asistentes supraterritoriales, nueve analistas criminales, 12 en el equipo de apoyo administrativo, tres coordinadores URAVIT (Unidades Regionales de Atención a las Víctimas y Testigos), y una secretaria.