Rechazan renovar pasaporte y carnet a chileno radicado en EEUU: Debe más de $145 millones en pensiones de alimentos
La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un recurso de amparo interpuesto por un chileno radicado en Estados Unidos al que se le negó la renovación de pasaporte y cédula de identidad por deber más de $145 millones en pensiones de alimentos.
Se trata de un hombre que impulsó la acción penal en contra de Ministerio de Relaciones Exteriores, el Registro Civil e Identificación y la Policía de Investigaciones (PDI).
Triple homicidio frustrado: Capturan a sujeto que baleó a dos gendarmes y a un menor de 13 años en Puente Alto
El sujeto alegó que desde mayo de 2015 ha intentado solicitar la renovación de su cédula de identidad ante el Consulado de Chile en Los Ángeles, California. Sin embargo, se le negó la posibilidad por aparecer inscrito en el Registro de Deudores de Pensiones de Alimentos. Lo anterior fue acusado como una vulneración a su derecho a la libertad personal y seguridad individual, puesto que tendría problemas para ingresar no solo a Chile sino que a cualquier otro país.
De acuerdo a lo recogido por Diario Constitucional, el sujeto debía siete cuotas por pensiones de alimentos, aunque el Ministerio de Relaciones Exteriores podía autorizar a funcionarios consulares a otorgar un salvoconducto especial para regresar a Chile.
Sin embargo, desde la PDI se informó que el hombre registraba tres arraigos judiciales por alimentos en el sistema de Gestión Policial Institucional; y, al mismo tiempo, el Juzgado de Familia de La Serena señaló que el sujeto presentaba una deuda por más de $145 millones en pensiones de alimentos, por lo que se ordenó su anotación en el Registro de Deudores de Pensiones de Alimentos.
Joven asesinado y abandonado en calle de Santiago: Revelan video de lugar del crimen
Considerando lo anterior, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó su recurso de amparo al considerar que el Registro Civil no había cometido una ilegalidad, dado que se limitó a aplicar lo previsto en la legislación vigente. Tampoco se consideró que el Ministerio de Relaciones Exteriores o la PDI hayan incurrido en una ilegalidad.