Tras un juicio, un juez ordenó que la Municipalidad de Coquimbo pague 7 millones de pesos a David Fernández, un vendedor ciego que sufrió dos caídas por el mal estado de la acera en la citada comuna.
En conversación con LUN, el hombre de 61 años que vende diversos artículos en la calle, explicó lo sucedido en los meses de enero y febrero de 2020. En el primer mes del año, cayó en una bóveda de electricidad y telefonía luego de que esta no tuviera la tapa y sólo mantuviera un cono de precaución, el cual no detectó el bastón de David.
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En esa ocasión resultó con una herida de cuatro centímetros en la pierna que requirió 16 puntos, según información del Hospital de Coquimbo. Además, debió vacunarse contra el tétanos, por el óxido del fierro que le provocó la lesión.
Menos de un mes después, en febrero, Fernández volvió a caer. Esta vez, en una calle cercana pero de nuevo por la apertura de una de estas bóvedas.
"Estuve varios meses sin trabajar y tuve que conseguir plata para pagar el arriendo. Tuve que andar molestando a la gente para conseguir plata. Estuve viviendo siete meses con mi hermana y usted sabe que cuando uno molesta mucho los familiares también se aburren", expresó al citado medio.
Por estos hechos, Fernández demandó a la Municipalidad de Coquimbo. Pero, ¿Qué respondieron estos?
El municipio aseguró que desarrollaban un plan de mejoramiento de calles en el centro de la ciudad y que fue licitado por el Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU). "El contratista será el único responsable por el suministro, suficiencia, estabilidad, seguridad, protección, construcción, demolición y retiro, transporte, mantención y seguro contra todos los riesgos de la totalidad de los elementos, tales como plante de construcción, obras provisorias, materiales y transporte de objetos de cualquier naturaleza, y deberá reponerlos, reconstruirlos o reejecutarlos en caso que se pierdan o resulten dañados o inadecuados, todo ellos por su propia cuenta", explicitaron desde la institución.
Eso sí, el abogado del vendedor ambulante, Joseph Rivera, explicó que el tribunal descartó ese argumento, señalando que "la ley dice que los bienes nacionales de uso público los administran las municipalidades y, como tal, debe señalizarlos y mantenerlos".
Finalmente, los 7 millones de pesos que tendrá que pagar la municipalidad a Fernández fueron asignados por "la afectación sicológica sufrida por el demandante, en este sentido, tomando en consideración la naturaleza de las lesiones sufridas por el ofendido, el tiempo de recuperación, el dolor físico, considerando la labor que se desempeña de vendedor ambulante y en especial consideración a la discapacidad visual que presenta".
