El pasado viernes la constructora Claro, Vicuña y Valenzuela anunció que solicitará su quiebra, lo que se traducirá en la detención de al menos 30 obras en el país y la desvinculación de unos 2.500 trabajadores.
La empresa dio varias razones ante la justicia para pedir la quiebra, siendo una de ellas la burocracia de los mandantes públicos entre los que destacó especialmente al Ministerio de Obras Públicas.
El ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, respondió según consignó Emol a estas palabras y dio un contexto general de la situación, asegurando que "estamos enfrentando un alza en el precio de los materiales a nivel mundial, lo que ha impactado fuertemente a la industria de la construcción, y Chile no es la excepción".
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Respecto a los dichos de Claro, Vicuña y Valenzuela, los que fueron realizados por parte del abogado de la firma Nelson Contador, García fue claro.
"Quiero desmentir categóricamente que la situación de esta empresa se deba a incumplimientos por parte del Ministerio de Obras Públicas. De hecho, en los últimos meses se han realizado pagos por más de $8 mil millones, y aún así Claro Vicuña mantuvo bajos niveles de cumplimiento, incumpliendo con sus compromisos con las obras", aseguró.
"A septiembre de este año habían cerca de 450 personas prestando servicios en los contratos vigentes, a quienes la empresa no estaba pagando su sueldo. Como Ministerio, ejerceremos la facultad que otorga el reglamento de contratación de obras públicas para no dar curso a los estados de pago cuando no se acredite el pago oportuno a las remuneraciones, imposiciones previsionales y cotizaciones", agregó.
Cabe destacar que una de las 30 obras que quedarían paralizadas por la quiebra sería el Puente Bicentenario que une Concepción con San Pedro de la Paz en la Región del Biobío.
