Frente a la demanda que presentará la Universidad Católica contra el Estado por inclumplimientos en la entrega del Aporte Fiscal Indirecto (AFI) -lo que significa un alegato directo contra la ley de Presupuesto-, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, hizo hincapié en que "judicializar temas presupuestarios es de máxima gravedad".
El argumento de la UC para presentarse ante la justicia es que según el decreto de ley que crea el AFI, "es obligación del Estado otorgar anualmente un aporte fiscal indirecto a todas las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica que matriculen a los primeros 27.500 puntajes de la ex PAA y actual PSU", según indica una carta difundida por el rector de la Universidad, Ignacio Sánchez.
Además, el "daño patrimonial" se valoriza en más de mil setecientos millones de pesos.
A pesar de sus dichos, el secretario de Estado señaló que "evidentemente", "chilenos y chilenas, personas o instituciones, tienen derecho a recurrir a los tribunales"
