El Ministro de Justicia, Luis Cordero, aseguró que el informe de Contraloría ratificó la evaluación del Gobierno y afirmó que, tras el lanzamiento del Plan Nacional de Búsqueda, es primera vez que el Estado impulsa este rol.
En entrevista con Álvaro Paci en T13 Noche, Cordero abordó varios temas contingentes del acontecer nacional, como por ejemplo el Caso Convenios y el Plan Nacional de Búsqueda.
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La investigación en el contexto del Caso Convenios, realizada por la Contraloría, arrojó un primer informe donde se probó que 12 personas contratadas por fundaciones (entre ellas Democracia Viva) desempeñaron funciones directivas y operativas en la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de Antofagasta.
Todo esto, eso sí, sin ser funcionarios públicos, utilizando escritorios, teléfonos, computadores, correos institucionales y teniendo claves de acceso a diversas plataformas contables y de control para revisar la rendición de gastos.
En este escenario, el titular de Justicia indicó que "el informe final de Contraloría ratifica lo que ya el Gobierno tenía internalizado".
Además, no cree que el Ministro de Vivienda y Urbanismo se vea afectado por el informe, ya que "(Montes) se ha hecho cargo de los 15 puntos que aparecen en el informe de Contraloría".
Por otra parte, el Gobierno de Gabriel Boric lanzó, este miércoles 30 de agosto, el Plan Nacional de Búsqueda, que tiene como objetivo principal esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte de las personas víctimas de desaparición forzada durante la dictadura cívico-militar que encabezó Augusto Pinochet.
El ministro Cordero destacó que "es primera vez que el Estado asume la responsabilidad de encabezar la búsqueda".
"Durante largos años, el país ha avanzado por distintas etapas: en Dictadura, la búsqueda dependió esencialmente de los familiares pero también de la sociedad civil organizada", agregó.
"Con el retorno a la democracia, la manera en la que la sociedad chilena abordó esto fue con comisiones 'de verdad'", explicó.
"Son los funcionarios del Estado, es el Estado, son sus medios, los que cometieron esos crímenes. Es razonable, entonces, que sea el Estado el que esté a cargo de la búsqueda y la reparación", sentenció.
Finalmente, destacó los compromisos del senador Chahuán y del senador Macaya, citándolos como dos "de los principales puntales del Plan Nacional de Búsqueda", a la vez que cree que "la Oposición ha sido muy respetuosa y en algunos casos muy activa en torno al plan de búsqueda de DD.DD".
