La ministra del Interior, Carolina Tohá, informó que hay más de 20 mil decretos firmados para expulsiones administrativas en el país que no se han ejecutado, por distintos motivos, pero principalmente por las dificultades y el costo que genera.
Ante la Comisión Especial Investigadora, que revisa la situación de criminalidad en el norte del país, la ministra Tohá explicó que hay miles de expulsiones pendientes cuando se discute también un proyecto que busca facilitar este mecanismo.
“En Chile hay 20 mil expulsiones decretadas que no se han ejecutado. Hay varias causas, la primera es que para ejecutarse completa la expulsión, tiene un trámite que estamos corrigiendo ahora porque precisamente es muy engorroso y hace muy factible para la persona expulsada hacerse inubicable”, explicó Tohá.
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“Es verdad que en la actualidad hay una gran cantidad de expulsiones decretadas que no se han ejecutado; es efectivo, son más de 20 mil; a ver, yo voy a ser más exacta, 20.900 y tantas porque se han agregado 931 en los últimos meses”, añadió.
“Cuando el gobierno asumió ya había 20 mil porque las capacidades del Estado son muy inferiores a la necesidad que hay que agilizar y, lamentablemente, la Ley de Migraciones le puso obstáculos adicionales a la modalidad de expulsión (…) El problema de las expulsiones ni empezó con esta ley ni empezó con este gobierno; ya era apoteósico en el gobierno anterior, ahora se ha hecho más difícil”, complementó.
Desde Migraciones informaron que solo este 2023 se han realizado 140 expulsiones y cada una de ellas cuesta 2,7 millones de pesos al Estado.
“Efectivamente hacer todas estas expulsiones tiene un costo gigantesco, superior a los recursos que están hoy en el presupuesto, pero nosotros no topamos en los recursos (…) ha sido lenta por todos estos obstáculos previos que han sido la parte administrativa, la colaboración de los países de destino que en algunos casos no es el problema, pero en el caso de Venezuela sí es un gran problema”, explicó Tohá.
“El segundo problema es que la coordinación operativa es bastante compleja e insuficientemente desarrollada. Tercer problema es que tenemos expulsiones que no podemos lograr porque el país de origen no nos da plan de vuelo, no nos permite enviar un avión con personas; nos pasa con Venezuela, por ejemplo”, agregó.
Cómo es el procedimiento de expulsión a migrantes
Este martes, en tanto, la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general, y por unanimidad, el proyecto que facilita el proceso de expulsiones administrativas de extranjeros en Chile.
El actual procedimiento sancionatorio de expulsión de un ciudadano extranjero siempre se iniciará mediante la notificación personal del acto administrativo por la Policía de Investigaciones de Chile, informando la causal de expulsión invocada.
Lo anterior, obliga a la autoridad policial a ubicar al extranjero para notificarlo. Luego, la autoridad migratoria debe esperar el transcurso del plazo de 10 días para que el extranjero efectúe sus descargos y, finalmente, ponderar las consideraciones del artículo 129 de la ley N° 21.325 de Migración y Extranjería para determinar si se aplicará la medida de expulsión.
La propuesta de cambio legislativo busca establecer mecanismos que permitan lograr un trámite expedito de la expulsión administrativa, mediante la posibilidad de realizar la primera notificación vía carta certificada o correo electrónico informado al Servicio Nacional de Migraciones o a la PDI.
En dicha notificación se le informará de la causal de expulsión que le afecta, manteniendo el derecho a realizar descargos, y se le indicará los documentos que puede acompañar para impugnar la decisión.
