Los próximos días entrará a tramitación en el Congreso una parte de la propuesta de Gobierno en el proyecto de reforma al sistema de ingreso a la educación universitaria: la PSU.
La idea, es reemplazar la Prueba de Selección Universitaria (PSU), por un nuevo sistema común de acceso que dependerá del Ministerio de Educación (Mineduc), a través de la nueva Subsecretaría de Educación Superior.
De esta forma, el actual Sistema Unico de Admisión (SUA), que está en manos del Consejo de Rectores (Cruch), quedará bajo la futura Subsecretaría, según consigna una minuta del Ministerio que se le hizo entrega a la Confech y publica el diario La Tercera.
Funciones de la Subsecretaría de Educación Superior
El nuevo organismo asumirá la responsabilidad de crear la nueva fórmula para ingresar al sistema de educación superior, y de “evaluar los instrumentos vigentes y su futuro”.
Esto quiere decir que la PSU pasará por cambios y será apoyada por otras herramientas “que reconozca los talentos como principal elemento de acceso a la educación superior, diferenciando los requisitos y procedimientos del sector universitario con los del sector técnico profesional de nivel superior”, sostiene otro documento oficial denominado “Fortalezas y puntos de acuerdo”.
También se aclara que “estar adscritos a este sistema de admisión será condición para percibir los recursos de la gratuidad”.
Algo que continúa con la polémica que se abrió hace algunas semanas luego de que el Cruch no dejara ingresar a la U. Autónoma al SUA (una de las treinta instituciones adscritas a la gratuidad) por “no entregar antecedentes suficientes para dar por satisfecho el requisito de ausencia de lucro”, señaló entonces Aldo Valle, vicepresidente del Cruch y rector de la U. de Valparaíso.
En el mismo documento se señala que el lucro no será tipificado como delito, pero que “es una materia que debe ser abordada en el debate legislativo”.
Por otro lado, se menciona que se terminará con el Aporte Fiscal Indirecto (AFI), recursos entregados a todas las instituciones de educación superior que matriculen a los 27.500 mejores puntajes PSU, mientras que las instituciones estatales “tendrán fondos basales específicos para fortalecer su desarrollo”.
Esto ahonda la molestia de algunos rectores luego de la reducción del AFI en un 50%, lo que incide en la baja de recursos para sus planteles.