Los tres últimos jefes del Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF) del Ejército fueron a declarar a principios de septiembre ante el ministro en visita Omar Astudillo. En la ocasión, los oficiales en retiro fueron cuestionados acerca de su participación en el millonario fraude conocido como Milicogate, en el que se investiga la malversación de fondos de la Ley Reservada del Cobre, entre los años 2011 y 2014.
Tres semanas después de haber dado sus testimonios, fueron procesados y arrestados.
El ministro Astudillo ordenó la detención de los generales (r) Antonio Cordero Kehr, Jorge Salas Kurte y Miguel Muñoz Farías, durante la mañana de ayer, a quienes levantó cargos por el presunto delito de incumplimiento de deberes, consignó La Tercera.
Los cargos se deberían, a que los generales (r) no habrían controlado el pago de facturas irregulares por $5.600 millones en el Ejército.
Según los antecedentes revelados durante la investigación, los militares habrían autorizado adquisiciones, con fondos que estaban destinados a otras áreas, a proveedores que no aparecían registrados en el sistema de la institución. Los recursos habrían sido retirados bajo facturas falsas, las que no habrían sido revisadas al ser firmadas por los oficiales.
Antonio Cordero señaló en su declaración al ministro Astudillo que se vieron sobrepasados por la situación, debido a que el fraude fue operado por una organización que tenía puestos claves y utilizaba información privilegiada. Por su parte, Salas Kurte explicó que el CAF no está encargado de adquisiciones, sino que son otros los organismos encargados de gestionar las compras.
Salas Kurte manifestó que nunca tuvo contacto con proveedores, debido a que el comandante del CAF no participaba de las adquisiciones. A su vez, descartó que la directiva no revisara las facturas.
Por su parte, Miguel Muñoz, indicó que su trabajo en el CAF radicaba en normar, dirigir, integrar, coordinar y controlar el apoyo logístico y técnico. Añadió que las supuestas irregularidades deberían haberse estado en el Departamento de Planificación Financiera (DPAF), por lo que él firmaba documentos, que creía, habían sido revisados con anterioridad.
Astudillo, quien está a cargo de la investigación hasta marzo 2017, dijo que “no cumplieron con las obligaciones de fiscalización de supervisión que debían ejercer (...) En una institución jerarquizada como el Ejército, tienen la responsabilidad de velar, de fiscalizar y supervisar las labores de los subalternos”.
Los generales, estuvieron a cargo del CAF en el mismo periodo en el que el general Juan Miguel Fuente-Alba era el Comandante en jefe del Ejército. Éste último también está siendo indagado por Astudillo y por el fiscal Centro-Norte, José Morales.
Un comunicado fue emitido desde el Ejército, en el que señaló que “la institución ratifica su firme respeto a la legalidad vigente, y continuará colaborando con las investigaciones que instruyan los tribunales de justicia”.
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