¿Cómo frenar la pandemia del coronavirus en Chile, que ya supera los 225 mil casos y se encuentra próxima a llegar a 4 mil fallecidos?
A más de 100 días del primer caso en el país, esta pregunta sigue sin respuesta, y el gobierno busca fórmulas para reducir la movilidad de las personas y mejorar la trazabilidad de los casos positivos, factores que han sido definidos como cruciales para la lucha contra el SARS-COV-2.
De acuerdo al gobierno la movilidad ha disminuido en un 30% producto de la cuarentena que rige en Santiago. Sin embargo, para que el confinamiento tenga efectos, la caída debe llegar a al menos un 60%, ha señalado el Ejecutivo.
Una de las medidas que se evalúa es implementar un sistema de monitoreo de movilidad de las personas en cuarentena a través de teléfonos celulares. Al respecto, ya existe una experiencia: el Instituto de Data Science de la Universidad del Desarrollo ha realizado un seguimiento de más de 4 millones de celulares, a partir de la interacción de un teléfono con una determinada antena.
El tema, sin embargo, es polémico, en especial respecto del uso datos, una materia donde la legislación chilena se encuentra a lo menos desactualizada, a juicio de los expertos consultados por T13.cl.
"La pandemia ha evidenciado muchos vacíos de una ley de protección de datos personales que está obsoleta y que no cuenta con las herramientas para asegurar que esta clase de medidas que implican la recopilación intensiva de datos y su procesamiento se sujete a las disposiciones establecidas en materia de licitud o proporcionalidad, por ejemplo, dejando más expuestos a abusos a los usuarios. Sin un régimen de sanciones que inhiba el abuso o una autoridad de control en la materia es difícil evitar malos usos o exponer a vulneraciones la información personal de los ciudadanos”, advierte Jorque Jaraquemada, presidente del Consejo para la Transparencia.
Jessica Matus, abogada experta en privacidad Of Counsel de FerradaNehme, e integrante del directorio de la fundación Datos Protegidos, advierte: "La información de movilidad de las personas en Chile deja más preguntas que respuestas, particularmente cuando la protección de los datos es más relevante que nunca".
¿Cuáles son los modelos con que se puede implementar una medida de estas características? ¿Cuál es la experiencia comparada?
Un problema, al menos dos caminos
De acuerdo a los expertos consultados, existen al menos dos formas de abordar esta problemática. La primera, similar a la que realiza la UDD. Es decir, medir la movilidad de manera anonimizada, a partir de las conexiones que realiza un determinado celular con una antena de recepción.
"Esto no es estar sacando un conejo de un sombrero de un mago", señala Luciano Ahumada, doctor en electrónica y director de la Escuela de Informática y telecomunicaciones de la UDP. Y es que el mecanismo de la casa de estudios es similar al que utilizan las autoridades de transporte para determinar qué zonas de la ciudad requieren más buses o incluso el que emplean las policías para localizar a personas desaparecidas o a quienes han cometido delitos.
¿Cómo funciona esto? "Cuando encendemos el celular, el teléfono busca las señales de distintas torres y se engancha a la zona de más potencia. Y esto le permite a la compañía saber a qué base estoy enganchado. Con esto yo podría decir que un usuario está en una zona, y desde ahi tener información relativa a la posición aproximada de un usuario".
Con esto, explica, uno puede determinar "cómo se va dando el movimiento entre comunas o barrios. Con eso podría trazar una posición, o estimar movilidad, a partir de datos totalmente anónimos".
"Pero el ejercicio de lo anónimo se basa en que compañías entreguen indicadores no rastreables hacia personas", añade.
Hasta ahora el estudio que realiza la UDD se basa en información proporcionada por Telefónica (Movistar). Es ahí donde el experto señala que se debe avanzar, incorporando más compañías y mecanismos independientes para asegurar la privacidad de la información.
"Mi recomendación es que los datos sean procesados y auditados por un ente distinto, para resguardar la privacidad de la información", señala.
Sobre este mismo estudio, Jessica Matus advierte que "para entender por qué y bajo qué autorizaciones una empresa privada de telecomunicaciones ha entregado esa información a una universidad, se requieren antecedentes adicionales. Al parecer, la metodología proviene de un proyecto de investigación donde habría que revisar los procedimientos y estándares en materia de privacidad".
Romina Garrido, experta en Protección de datos e investigadora asociada al GobLab de la Universidad Adolfo Ibáñez plantea que lo realizado por el gobierno es un "anuncio vago", donde hasta el momento no se ha entregado información oficial respecto de cómo funcionará.
Con todo, señala que "mientras sea un monitoreo masivo, como el que se ha señalado, que es para movilidad, y no tiene que ver con rastrear a las personas para conocer sus estados de salud, me parece que es algo que no es nada nuevo respecto a cómo el gobierno evalúa cosas como dónde poner más buses".
La otra fórmula es a través de una aplicación, donde las personas la descargan voluntariamente y autorizan la entrega de ciertos datos.
Luciano Ahumada explica que esta alternativa podría permitir saber "cuánta gente vive con COVID-19 cerca mío, como un Waze, para ver cómo me muevo en ciertas zonas para tomar resguardos".
"Esto, sin embargo, desde mi punto de vista puede ser demasiado estigmatizador de ciertas zonas y se debe ver muy bien cómo se manejan los datos desde el punto de vista de la seguridad, porque una filtración de esto sería super complejo", señala.
Otro problema, advierte, es que "nadie me podría obligar a tener instalada esta aplicación, toda vez que es un equipo privado, entonces se requiere de la voluntad del usuario".
Sobre esta alternativa, Romina Garrido, advierte que "siempre hay que ir viendo cómo se comportan las personas, porque hay una autonomía personal de por medio, pero también estamos en una situación sanitaria que se ha hecho super difícil". En este sentido, dice, "si la app no la descarga nadie, ahí se podría evaluar si podría hacer un uso obligatorio".
Sin embargo, advierte un tema respecto de la entrega de datos: "El dato personal no solo es un RUT mi nombre, mi dirección, sino que toda la información que me puede identificar o que me hace identificable, y el GPS es ciertamente un dato personal".
Desde el Corona Warn en Alemania a la fórmula surcoreana
Jorge Jaraquemada del Consejo para la Transparencia es enfático en que “el uso de los datos de geolocalización de equipos de telefonía móvil con fines de vigilancia sanitaria pueden resultar muy invasivos en cuanto a la privacidad y la protección de los datos personales de los individuos".
Por eso, dice, resulta clave mirar la experiencia internacional. Uno de los ejercicios destacados tanto por Jaraquemada como por Romina Garrido es el Corona-Warn, la aplicación desarrollada por el gobierno alemán para enfrentar la pandemia.
La app -explica DW- notifica a los usuarios si por 15 minutos o más estuvieron a menos de tres metros de alguien que ha sido notificado de coronavirus. Esto se calcula a través de un algoritmo que mide el riesgo de infección del usuario y aconseja qué medidas de protección tomar: desde aislarse hasta realizarse el test PCR.
Una de las claves de esta aplicación es que utiliza la conectividad Bluetooth en lugar de la geolocalización. Esto, explica Jaraquemada, permite asegurar "a los individuos el control de su información personal”.
Romina Garrido plantea que el desarrollo de esta app "tomó mucho más tiempo de lo normal porque hubo mucha reflexión sobre la forma en que se iban a tratar los datos. Y se optó por hacer un modelo descentralizado y no hacer un seguimiento por GPS, porque el GPS si bien son números, el GPS es un dato personal y es un dato personal sensible".
Y aunque se analizó la posibilidad de realizar una base de datos, esta opción se descartó por ser "muy riesgosa" frente a un eventual hackeo.
"Se evaluó cuáles eran las alternativas más respetuosas de la privacidad, y esta era una de ellas: que cada uno maneje su propia información y la vaya reportando a la autoridad sanitaria en la medida que sea necesario", explica la experta en privacidad.
Una fórmula similar es la que ocupa Singapur con la aplicación TraceTogether.
En el otro extremo, el régimen totalitario de China obligó a la población a descargar una herramienta que utiliza las señales GPS para registrar los lugares que visita una persona e indicar si estas se pueden mover libremente o no por un lugar.
Aunque el gobierno chileno citó el caso de Corea del Sur como un modelo a evaluar, ese no ha estado exento de polémicas. Esto pues obliga a las personas que visiten lugares masivos -desde restaurantes a gimnasios- a mostrar un código QR, que permite ubicarlos en caso que en ese punto se haya registrado un contagio. Este video de DW muestra su funcionamiento.
Romina Garrido advierte que una medida obligatoria como estas últimas "son palabras mayores e implican un compromiso del uso de datos".
