AFP
"¿Me da su RUT?", la pregunta que escuchan los chilenos en cualquier comercio o gestión para entregar su número de la cédula de identidad, esconde un millonario negocio de venta de datos que crece ante una obsoleta regulación.
El RUT (Rol Único Tributario) pero que en realidad es el Rol Único Nacional (RUN), es asignado a cada chileno en cuanto nace, así como a los extranjeros establecidos en el país aunque sea temporalmente.
Desde abrir una cuenta en un banco, comprar unas aspirinas en una farmacia, un par de zapatos en el centro comercial o pagar la cuenta en el supermercado, en todos los comercios piden el RUT al cliente para concluir la transacción, pese a que la ley no obliga expresamente.
Pero tan integrado está en la cultura de los chilenos, que cuando alguien se niega a proporcionarlo en una tienda, algunos vendedores pueden llegar a anular la operación.
Con el número de identidad, los chilenos entregan un arsenal de información que en cualquier país es estrictamente del ámbito privado, haciendo las delicias de las empresas que comercian con datos.
"Si tú cruzas el número de RUT en cualquier bases de datos, uno podrá encontrar información adicional como cuántos hijos tienes, tu cuenta de banco, deudas, propiedades o vehículos", explica a la AFP María Paz Canales, directora ejecutiva de la ONG Derechos Digitales.
"El RUT da un conocimiento perfecto del ser humano en toda su interacción a través de la adquisición de productos o servicios", permitiendo al comercio "saber qué ofrecerte exactamente", agrega.
La información entregada se almacenada en bancos de datos. Con ella se puede hacer una radiografía económica y social de la persona: sus hábitos comerciales, su estado financiero, qué enfermedades padece o a qué segmento de la sociedad pertenece.
A partir de estos datos, las firmas especializadas pueden establecer un análisis financiero del cliente, crear patrones de consumo y focalizar el marketing directamente a los productos que desea, en un lucrativo mercado del que no hay cifras oficiales.
Solo las exportaciones chilenas de servicios globales, que incluyen sistemas informáticos y bases de datos, alcanzaron los 1.200 millones de dólares en 2017.
Legislación anacrónica
El comercio de datos ha crecido gracias a una legislación obsoleta que no contempla sanciones en caso de que las empresas comercien con esos datos que se entregan con el RUT.
"La ley es del año 1999. ¡En ese tiempo no existía ni Facebook!", recuerda a la AFP, el senador Felipe Harboe, quien promueve una nueva normativa de protección de datos que vele por los intereses de los consumidores con facultades fiscalizadoras y sancionadoras.
Y es que actualmente, además de no contemplar sanciones, la legislación vigente tampoco regula el flujo transfronterizo de datos personales, ni el uso de datos para marketing. Tampoco hay un registro de bancos de datos privados, de acuerdo a la ONG Derechos Digitales.
Para Harboe, la mayor falla es la falta de un organismo que regule la captación de datos por parte de las empresas y que las multe. Con la actual normativa, los consumidores sólo tienen la posibilidad de acudir a la justicia mediante un 'habeas data', que es un recurso para protegerse de la utilización de la información personal, explica.
En Europa, el viernes pasado entró en vigencia el GDPR, el nuevo reglamento europeo de protección de datos que amplía las condiciones de seguridad para las empresas y otorga más derechos a las personas.
Ésta va en línea con la nueva regulación que se discute actualmente en el Congreso chileno, que establece la creación de una Agencia de Protección de Datos Personales para velar por los intereses de los consumidores.
Existe consenso entre las fuerzas en el Congreso para aprobarla, pero la nueva norma vería la luz solo el próximo año.
"Con la nueva ley, cada vez que le pidan el RUT la gente podrá acudir a la agencia para verificar qué ocurre con sus datos", dice Harboe. Y negarse a proporcionarlo en total tranquilidad.
