El país atraviesa por una de las crisis más grandes en seguridad de las que se tenga registro, agudizada por los recientes asesinatos múltiples ocurridos en Quilicura y Lampa, ambos en la región Metropolitana.
Una primera masacre, registrada el pasado 14 de julio en Quilicura, dejó a cuatro menores de edad muertos, mientras que en Lampa, el martes 16, cinco personas fueron brutalmente asesinadas.
En ese contexto, Reportajes T13 tuvo acceso exclusivo a una auditoría que realizó la Contraloría General de la República al interior de la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), institución que está mandatada a tener un férreo control de las armas inscritas en nuestro país. Las conclusiones son realmente inquietantes.
En el informe se detectó a médicos muertos que aparecen certificando a personas que inscriben armas, fallecidos con armas inscritas, más de 700 sujetos que tienen antecedentes penales con armas en sus manos y hasta médicos que sin las competencias profesionales determinan si una persona tiene la aptitud física y psíquica para armarse.
De esos sujetos con antecedentes, más del 50% está en la región Metropolitana.
Galo Eldestein, subsecretario para Fuerzas Armadas, explicó a T13 que “el haber tenido una pena aflictiva no evita legalmente que esta persona pueda portar un arma posteriormente, siempre y cuando tenga blanqueado su situación judicial”.
¿A pesar de tener antecedentes por homicidio? “Efectivamente, siempre que haya limpiado su vida, su información en el sistema”, agregó.
Pero eso no es todo. Un médico muerto certificando un documento 10 años después de su fallecimiento es parte de los hallazgos de esta auditoría. Además, se identificaron once trámites respaldados con certificados psiquiátricos, extendidos por otros cuatro profesionales médicos que se encontraban fallecidos.
Otro de los hallazgos tiene que ver con las reales competencias médicas de quienes certifican la aptitud física y psíquica para acceder a armas en nuestro país. Y es que sólo los psiquiatras, y no otro especialista, es quien tiene que determinar eso por ley.
Pues bien, la auditoría determina que al menos 61 médicos que no tenían la especialidad de psiquiatría emitieron certificados para el trámite de inscripción de armas de 1.281 personas. Peor aún, uno de esos médicos emitió, sólo él, 502 certificados.
Control de armas: ¿Qué dice la DGMN?
El director Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), General Jorge Hinojosa, afirmó a T13 que “podría existir una falta de trazabilidad. El descontrol significa cuando no se tiene ningún control de nada”.
En el caso de los médicos fallecidos, “revisamos esto en el Registro Civil y efectivamente los médicos fallecidos hicieron su certificado antes de fallecer”. Aunque sobre el caso expuesto en T13, comentó que “es un caso que ya lo conocíamos y es un dato que no se debe repetir, pasó el 2021”.
Junto con señalar que todas estas armas se podrían recuperar si fuese necesario, siempre y cuando esas personas no hayan cambiado de domicilio, el director de la DGMN reconoce que hay procesos que se deben corregir.
Contó además a T13 que desde el 4 de julio recién pasado se instruyó una investigación sumaria que podría establecer las eventuales responsabilidades administrativas sobre los hallazgos presentados en el pre informe.
Desde septiembre del año pasado, en tanto, se implementó un nuevo sistema con la idea de que no se vuelvan a producir estos problemas.
