Este jueves se confirmó que —al 15 de diciembre de este año— el Registro de Inhabilidades tiene ingresadas 7 mil 935 personas con 8 mil 193 condenas.
Desde abril los Tribunales de Justicia iniciaron un proceso de actualización de instrucciones internas asociadas a las penas de inhabilidad para trabajar con menores de edad debido a delitos de abusos.
En tanto, desde octubre de 2012 a la fecha se han realizado más de 4 millones de consultas en línea al registro en www.registrocivil.gob.cl y a febrero de este año el servicio registraba a 6 mil 308 personas.
Además, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos presentó un proyecto de ley que mejora el funcionamiento del Registro de Ofensores Sexuales, también conocido como "Registro de Pedófilos".
Las mejoras planteadas por el ministerio son:
- El proyecto establece el deber de los fiscales de solicitar siempre la pena de inhabilitación absoluta perpetua para trabajar con menores de edad a quienes cometan delitos sexuales contra ellos. Asimismo, se incorpora regla excepcionalísima, para que los fiscales impugnen aquellas sentencias anteriores que no fijen las penas de inhabilitación absoluta perpetua.
- El Fiscal Nacional deberá emitir un informe anual con las causas de condena por delitos sexuales contra menores de edad. A su vez, el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos deberán publicar el informe en sus respectivas páginas web institucionales, resguardando los datos de carácter personal.
- La Corte Suprema deberá dictar un protocolo para comunicar las sentencias de condena al Registro Civil, con el objetivo de mantener actualizado el Registro General de Condenas.
- Complementario a este registro de Condenas, el proyecto crea un Registro de Inhabilitaciones Perpetuas, que puede ser consultado.
- Con el proyecto, las Seremías de Educación, y de Transportes y Telecomunicaciones de todo Chile, junto a la Superintendencia de Educación, podrán acceder a ambos registros, para controlar que los colegios no cuenten con personal que haya sido condenado por delitos sexuales contra menores, así como para fiscalizar que los transportistas escolares no hayan sido enjuiciados por estos delitos previamente.
