Martorell y sumario de Contraloría: "No establece elementos que revistan características de delito"
Martorell y sumario de Contraloría: "No establece elementos que revistan características de delito"
La vocera del candidato oficialista Sebastián Sichel, Katherine Martorell, se defendió de las acusaciones en su contra que se hicieron públicas este viernes, que se refieren a supuestas irregularidades en la adquisición de cámaras para Carabineros cuando ella estaba a cargo de la Subsecretaría de Prevención del Delito.
“Es muy importante dejar en claro que el informe no establece que existan elementos que revistan características de delitos”, aseguró Martorell.
“No puede ser que en Chile sea gratis querellarse, y una vez terminado este proceso, ejerceré las acciones legales que correspondan contra la empresa que ha buscado enlodar mi imagen”, añadió la vocera de Sichel.
Contraloría abre sumario por compras de cámaras a Carabineros durante gestión de Martorell
La Contraloría General de la República abrió un sumario para determinar si existen irregularidades en la adquisición de cámaras corporales para Carabineros de parte de la subsecretaría, que hizo un trato con la empresa Motorola, pese a que la oferta de esta compañía no ofrecía cámaras con la función de “grabado y post grabado”, que estaba en las bases de licitación.
Todo nació por una querella presentada por la empresa The Pegasus Group Company S.A, que acusó que el proceso de licitación estaba viciado.
El trato entre la Subsecretaría de Prevención del Delito y empresa Motorola Solutions Chile S.A. para la adquisición de cámaras corporales para Carabineros de Chile costó al Estado un monto superior a los 378 millones de pesos.
Otro de los antecedentes que se acompañan a la querella de Pegasus es que el costo final de la oferta de Motorola, además de no cumplir con los estándares técnicos solicitados, era 130 millones de pesos más cara que la de la ellos.
Desde la empresa incluso acusaron que la licitación “sólo buscaba esconder un trato directo, en perjuicio del erario nacional, disfrazando o simulando una licitación pública”.
