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Madre que estranguló a su hijo recién nacido en Talca quedó en prisión preventiva

Madre que estranguló a su hijo recién nacido en Talca quedó en prisión preventiva
T13
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La fiscalía presentó cargos criminales en contra de Camila Andrea Retamal Cáceres como autora material del grave delito de infanticidio.

En prisión preventiva quedó Camila Andrea Retamal Cáceres, considerada como autora material del grave delito de infanticidio, luego de que la PDI registrara su domicilio en Talca.

Según el diario El Centro, el día 29 de octubre la mujer autorizó voluntariamente el ingreso de los funcionarios a su residencia, quienes inspeccionaron el dormitorio de la joven y al levantar el colchón, encontraron un feto de sexo masculino con data de muerte aproximada de tres días.

El macabro hallazgo que realizaron los detectives se dio luego que la fiscalía instruyera indagar las circunstancias en que una joven de 21 años llegó a una clínica privada de Talca, afectada por una septicemia y sangramiento profuso.

La presunción era que la paciente habría dado a luz en fecha reciente, lo cual se confirmó en el registro de la habitación que la joven ocupaba en el domicilio de sus padres, en la Villa Doña Ignacia, en Talca.

Un dato clave fue que los padres no tenían conocimiento alguno de que su hija presentaba un nuevo embarazo.

Segundo hijo

El comisario de la PDI, Iván Ortiz, jefe de la Brigada de Homicidios (BH), precisó que, junto con el hallazgo del cadáver del bebé, los policías también encontraron pastillas ocultas en el dormitorio de la joven, las cuales le provocaron contracciones y el posterior aborto.

En cuanto a las motivaciones, el jefe policial apuntó a cuestiones personales y familiares. 

“Se trata de una mujer joven que ya tenía un hijo, de cinco años, y que ocultó su segundo embarazo a los padres, por miedo a que supuestamente la obligaran a abandonar ese domicilio o bien que le prohibieran ver al otro hijo que ella está criando".

"En virtud a eso, ella oculta al embarazo, utilizando ropa ancha y polerones, según lo que dice. Añade que tuvo al bebé en el baño de la casa”, agregó.

El jefe policial subrayó que luego del aborto, la joven no fue objeto de ningún tipo de asistencia médica, lo cual derivó en que sufriera problemas de salud que, con el paso de los días, la obligaron a acudir a una clínica privada.

Allí los médicos detectaron las evidencias de haber dado a luz y alertaron a la fiscalía, donde se ordenó al intervención de la PDI.

Con la manga de la camisa

Pero las cosas no terminaron allí. Luego de rescatar el cadáver del recién nacido, los detectives derivaron el pequeño cuerpo al Servicio Médico Legal (SML) de Talca.

Allí se confirmó que se trataba de un bebé de sexo masculino, de 41 semanas de gestación, con 53 centímetros y tres kilos 149 gramos de peso. Si bien la autopsia estableció que el bebé había nacido vivo, no se logró aclarar la causa exacta de muerte, por lo cual, la primera conclusión fue “indeterminada”.

En ese contexto, la fiscalía gestionó la intervención del SML de Santiago, donde se instruyó una segunda autopsia. Los resultaron fueron reveladores, porque sumado a los hallazgos en el sitio del suceso que realizó la PDI, la conclusión fue que la causa de muerte correspondió a asfixia por estrangulación.

La dinámica habría correspondido, de acuerdo al peritaje, que tras dar a luz al bebé producto del aborto, la imputada habría utilizado la manga de una camisa para amarrarla al cuello de su propio hijo, y apretarla hasta que dejó de respirar.

A la justicia

Con estos antecedentes, el fiscal presentó ayer cargos criminales en contra de Camila Andrea Retamal Cáceres como autora material del grave delito de infanticidio.

Luego, exigió la medida cautelar de prisión preventiva, atendida la gravedad de la sanción penal asignada a los hechos, aunque la imputada no registra antecedentes penales.

El juez, Víctor Rojas, del Juzgado de Garantía de Talca, acogió la solicitud del fiscal, luego de escuchar la oposición de la defensa particular de la detenida.

Así la imputada fue remitida al Centro Penitenciario Femenino (CPF) bajo resguardo de Gendarmería, mientras su defensa cuenta -a partir de ayer- con plazo legal de cinco días para apelar de la resolución judicial.

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