Machi Celestino Córdova envía contrapropuesta al Gobierno y pide mayor flexibilidad
Machi Celestino Córdova envía contrapropuesta al Gobierno y pide mayor flexibilidad
Las voceras del machi Celestino Córdova, quien está en huelga de hambre hace 106 días, anunciaron un último plazo para el gobierno antes de que la autoridad ancestral mapuche comience un régimen de huelga de hambre seca. El machi le entregó una contrapropuesta al Ejecutivo que debería responder este mismo lunes, antes de que se endurezca su modo de protesta.
La vocera de Córdova Giovanna Tabilo anunció que respondieron a la propuesta enviada por el gobierno a través del Ministerio de Justicia, al que le pidieron “mayor flexibilidad” en la negociación. “Bajamos mucho. Bajamos de meses a días”, dijo Tabilo, haciendo referencia a los días para que el machi pueda asistir a renovar su rewe.
“El machi celestino solicita mayor amplitud, mayor flexibilidad para poder llegar a un buen entendimiento de todas las partes. Es por eso que queremos hacer el llamado al gobierno de que sigamos conversando, y que la última propuesta tenga ese sello, esa impronta de conversación, así como lo ha establecido el gobierno en sus distintos comunicados”, dijo Tabilo.
“El gobierno tiene hoy la oportunidad, y nuevamente nuestro lamién (hermano) ha hecho el gesto de seguir esperando un gesto definitivo del gobierno (…) Estamos viviendo las horas definitivas. Al final de este día se va a decidir si el lamién inicia o no huelga seca y va a depender del gesto del gobierno para poder avanzar”, agregó.
Hace pocos días, el Ejecutivo le entregó una propuesta con ocho puntos al machi, en la que destacaba la creación de un módulo especial para presos mapuche en algunas cárceles del sur de Chile, en la que pudieran desarrollar sus propias actividades laborales, educacionales y espirituales. Además le ofrecieron asistir a renovar su rewe por 14 horas cuando esté en buen estado de salud.
Córdova y el resto de los presos mapuche en huelga de hambre piden que se cumpla con el Convenio 169 de la OIT, al que el Estado de Chile suscribió en 2008, y que dice que en caso de que se impongan penas de cárcel a miembros de pueblos originarios se deberán considerar "sus características económicas, sociales y culturales” y que “deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento”.
“Queremos hacer un llamado al pueblo mapuche, al pueblo no mapuche, a las distintas instituciones de Derechos Humanos nacional e internacional a observar estas últimas horas el actuar del gobierno”, advirtió la vocera.
