Esta semana se intensificaron las manifestaciones al interior de distintas estaciones del Metro de Santiago, donde usuarios llamaron a evadir el pago del pasaje ante la última alza anunciada por el panel de expertos.
El jueves se registró la destrucción de torniquetes de pago del transporte subterráneo y en el Gobierno que estudian la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado con el objetivo de frenar los destrozos.
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¿Qué es la Ley Seguridad del Estado?
La académica de Ciencias Penales de la Universidad de Chile, Myrna Villegas, detalló hace algunos meses a T13 que se trata de "una ley que fue establecida para neutralizar de alguna manera las disidencias políticas. Tuvo sus orígenes con la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, la 'ley maldita' de (Gabriel) González Videla, la inmediatamente antecesora de esta ley".
"Toda la normativa dice relación con delitos que se comenten en el curso de rebeliones o en el curso de protestas generalizadas. En general son delitos contra la seguridad interior del Estado y ahí hay una gran diferencia, porque hay que mirar cuál es la finalidad de las personas al momento de ejecutar el delito", agregó.
Penas más altas
Villegas detalló que, según lo que dicta la letra c del artículo 6, que invoca el Gobierno en su querella, las penas por estos delitos pueden ir desde presidio menor en su grado máximo —3 años y un día a cinco años de prisión— a presidio mayor en su grado mínimo —5 años y un día a 10 años de prisión—.
Estas posibles condenas son significativamente mayores a las que se consideran si se acude a la legislación penal común, donde la docente detalló que si es que hubo daños superiores a 4 UTM pero inferiores a 40 UTM (190 mil a 1,9 millones de pesos), los responsables se exponen a una pena de entre 541 días hasta 5 años de cárcel, además de una multa de 11 a 20 UTM (525 mil a 954 mil pesos).
La abogada recalcó que lo importantes es poder comprobar que los responsables querían afectar la seguridad Interior para que se configure la invocación de la ley.
"En general, así como corolario, no tiene mucho sentido una Ley de Seguridad del Estado en una democracia. Las leyes de seguridad del Estado son más propias de los gobiernos autoritarios que de las democracias", plantea la académica.
