Después de una decisión que resultó sorpresiva por parte de el Gobierno al anunciar el fin de la prescripción para los delitos de abusos sexuales en contra de menores, el ministro de Justicia, Hernan Larraín explicó la razones de la modificación al proyecto a T13 AM.
El ex senador explicó que, a raíz del caso Ámbar se decidió apurar el proyecto "para dar una señal de que no ibamos a admitir la impunidad, ni cosas por el estilo, cuando se trataba de graves abusos sexuales en contra de menores".
El proyecto en un principio creaba un amplio plazo de hasta 30 años para poder hacer la denuncia, después de cumplida la edad adulta, pero, de acuerdo al ministro, entre la noche de este miércoles y el jueves en la mañana "se tomó la decisión de ir a la imprescriptibilidad total".
Larraín señaló que, si bien tiene riesgo esta medida, "era la mejor, la más potente y es la tendencia actual por lo que así no queda ninguna duda de que no va a haber impunidad para quienes cometan abusos sexuales en contra de menores".
Además afirmó que la mayor necesidad de plazo es porque a las personas que han sido abusadas de niño o niña, muchas veces les cuesta revelar esto porque probablemente como el 70% u 80% de los casos tienen que ver con familiares o cercanos a la familia, eso hace más difícil el dar a conocer el hecho cuando ya son mayores, dejando claro que "podrán denunciar cuando se sientan capaces y seguras de hacerlo y así evitar la impunidad del abusador".
Este proyecto incluye una lista de 16 delitos que van desde la producción de pornografía infantil hasta comcercialización y almacenamiento de material pornográfico infantil. Larraín explicó que "hay delitos que han sido desarrollados en el último tiempo que involucran a menores, y esa es la pornografía infantil". Esta última, a juicio del ministro "se ha desarrollado de una manera muy extendida y mucho más fuerte de lo que uno piensa y se convierten en abuso sexual indirecto".
El ministro también abordó el tema de la pena de muerte, mecanismo que se ha puesto en el debate con casos como el de Ámbar. Ante esto aseguró que "no existe posibilidad real de reponer la pena de muerte, porque tenemos un compromiso internacional que lo impide y, por lo tanto, la pena máxima a la que se puede optar es la de presidio perpetuo calificado, que son a lo menos 40 años de presidio efectivo".
