Desde comienzos de esta semana que las cosas se pusieron feas con el paro de camioneros. Hacia el martes, ya sabíamos de fiestas en las rutas bloqueadas por los camioneros y un accidente que terminó con la muerte de un manifestante. Por eso, en la tarde de ese día el gobierno hizo sus últimos esfuerzos para acercar posiciones y terminar con el bloqueo, que ya estaba generando problemas serios de abastecimiento de gasolina -más de la mitad de los centros de servicio en el sur se quedaron sin bencina-, escasez de pollo, problemas para descargar en los puertos y dificultades de tránsito severos en varios puntos del país.
A eso de las siete de la tarde del día martes, el gobierno entregó su última propuesta, que incluía en caso de actos terroristas, pagar el lucro cesante a los dueños de camiones afectados, por medio del programa Sercotec hasta que se le otorgue al propietario el subsidio. A los conductores, en tanto, se le daría una compensación, por la diferencia de su sueldo base y su seguro de cesantía, en caso de no poder trabajar por la quema de su camión, en sucesos ocurridos en cualquier parte del país, algo que no habían logrado introducir los camioneros en las propuestas previas presentadas por el Ejecutivo.
Pero eso no fue suficiente para ellos. De hecho, “patalearon” hasta última hora del martes e incluso extendieron su resistencia hasta el mediodía del miércoles. Solicitaban ser compensados no sólo en actos terroristas, sino que en cualquier tipo de asalto y concretar las ayudas gubernamentales aun cuando no contaran con seguros. “Básicamente la solicitud era que el Estado se convirtiera en la compañía de seguros más grande e importante del país”, dice una fuente de Palacio, quien además recalca que es impresentable que ellos pidan ser cubiertos en caso de asaltos, cuando ningún otro sector tiene un beneficio como ése.
Por eso, hasta las 11 de la mañana del miércoles había total incertidumbre de si el paro iba a bajarse o no. Y por eso hubo tanto nerviosismo en La Moneda y en el equipo negociador del gobierno, el cual estuvo liderado por el abogado Gonzalo Arenas, jefe de asesores de Interior.
Ese panorama incierto fue la razón, explican en Palacio, de por qué el gobierno comenzó a difundir la versión de que estaba alistando las querellas y que se podía invocar la ley de Seguridad Interior del Estado, sobre todo cuando vieron que las negociaciones podían una vez más llegar a punto cero. Una versión que ponen en duda en la oposición, quienes insisten que presentarán la acusación constitucional contra el ministro Pérez, por haber abandonado sus deberes constitucionales al permitir que la movilización tuviera paralizado al país durante siete días en plena pandemia.
La otra cara de la moneda
En Interior reconocen que aunque la estrategia se alargó más de la cuenta, igualmente consideran que fue la adecuada, porque de haber presentado la acción legal antes de, hubiese significado “la declaración de guerra” al mundo camionero, que podría haber terminado con el país paralizado por otros 10 días, y eso habría llevado a un desabastecimiento real, con todo lo que ello conlleva.
Fue un email de Baldemar Higueras, el secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile, a eso de la 1 de la tarde del miércoles, el que selló el acuerdo final con el Ejecutivo. En ese correo electrónico, los dirigentes anunciaban “la decisión de los camioneros de suspender la movilización nacional que mantenían a través del territorio nacional, donde agradecieron tomar nota al gobierno de esa determinación, tomada por la organización pensando en el bien del país”, rezaba el email.
Fue ese escrito la prueba que necesitaba el gobierno para tener la seguridad de que ahora los dirigentes no iban a echar marcha atrás en los puntos del entendimiento, como había ocurrido en días previos.
Algunos dicen que la intención de los camioneros fue concretar una demostración de fuerza para la discusión que se viene en exenciones tributarias, donde se buscará que dejen de pagar por renta presunta y paguen por sus ingresos reales como el resto de los contribuyentes, y además que dejen de pagar un impuesto mucho menor que el de la gasolina, y no sigan recibiendo una devolución que llega hasta un 80%, todos beneficios que en plena crisis asoman como desproporcionados.
Paralelamente, el Ejecutivo avanza en el “libro de remuneraciones digitales”, agenda en la que trabaja el Ministerio de Hacienda desde que llegó Briones a la cartera, junto al Ministerio del Trabajo y el SII que permite conocer todos los ítems de la liquidación de sueldos de cada empleado en un formato estandarizado, lo que permitirá tener las cifras de sueldos y cotizaciones de cada uno de los conductores de camiones del país, que hoy viven en absoluta informalidad. El desafío es que a inicios del 2021 el plan esté operativo.
