El 7 de marzo de 2017 la joven Susana Estefanía Sanhueza Aravena fue encontrada muerta en el archivo municipal de San Felipe. La joven de 22 años tenía cubierta su cabeza con una bolsa. Había sido fue asesinada el 28 de febrero por Cristián Andrés Muñoz Muñoz (22) a quien conocía desde el 2014 producto de la labor que ambos desarrollaban en grupos animalistas.
Días antes de la muerte de Susana, Nieves Aravena, su madre, recibió una llamada donde le advertían que su desaparición tenía que ver con su sexualidad.
El 5 de enero de ese mismo año, Nicolás Pérez, de 25 años, fue internado en el hospital San José tras recibir reiteradas patadas en su cabeza y cuerpo. "Maricón" y "fleto" fueron algunos de los gritos que recibió por parte de los agresores, quienes le reprochaban ir maquillado y usando zapatillas moradas.
"Arranca, fleto, arranca" fue lo que escuchó una joven trans de 18 años momentos antes de ser golpeada por cuatro sujetos tras salir de una discoteca del barrio Bellavista. La noche del 1 de abril sintió como le tomaban el cuello, para luego lanzarla al suelo, patearla y escupirla. Esa noche le gritaron "deforme", "enfermo" y cochino".
Los episodios de homofobia y transfobia antes descritos son solo tres de los 484 casos denunciados durante 2017 y que forman parte del Informe Anual de Derechos Humanos elaborado por el Movilh. Se trata de la cifra más alta que se tenga registro en Chile y que representa un aumento de un 20% respecto del año anterior. Es por ello que la organización habla del "año de la furia" homo y transfóbica.
56 agresiones físicas o verbales, 2 asesinatos, 1 abuso policial, 77 movilizaciones homo y transfóbicas y 166 declaraciones de odio -entre otros casos- forman parte de este crudo balance que será presentado de manera oficial a las 10:30 horas de este martes.
De acuerdo al documento, al que accedió T13.cl, son las incitaciones al odio las que registraron el mayor aumento en el último año, marcado por la polémica aparición del denominado "Bus de la libertad" que se paseó por varias ciudades de Chile con un mensaje contrario al matrimonio igualitario y la "ideología de género".
Otro segmento que registra un aumento preocupante son los abusos o discriminación en el contexto escolar, que subieron un 53%.
Los grupos más afectados por episodios de discriminación siguen siendo los gays, con un alza de un 26% respecto del año pasado. Si bien los casos a personas trans cayeron un 17%, la cifra se puede atribuir por el aumento de un 48% de los casos relativos a la diversidad sexual y de género en su conjunto.
En cuanto a la distribución geográfica, un 31% de los casos reportados tienen como origen la región Metropolitana, seguida de Valparaíso (31%) y Biobío (10,1%). Sin embargo, en términos porcentuales, la región que más aumenta los casos denunciados es O'Higgins con un 300% más que en 2016.
Los casos consignados fueron obtenidos a través de tres pasos. Contacto directo con víctimas y revisión de pruebas; recopilación de antecedentes judiciales y casos reportados por la prensa; y, frente a declaraciones o movilizaciones transfóbicas se actúa mediante cartas, comunicados o manifestaciones. "Si no hay desmentido, el hecho se considera discriminatorio", explica el Movilh respecto de este tercer grupo.
Los políticos más discriminadores
Como todos los años, el listado incluye un ranking de personas con más episodios de discriminación hacia la población gay, bisexual o trans.
En el primer puesto se ubican asesinos de personas LGBTI, seguidos por la directora del Observatorio Legislativo Cristiano, Marcela Aranda, quien desató polémica por su rol en el denominado "Bus de la Libertad".
Al igual que Aranda, en el segundo lugar del ranking del Movilh se ubican varios políticos: Los senadores Manuel José Ossandón e Iván Moreira, el ex candidato presidencial José Antonio Kast, el parlamentario Ignacio Urrutia y el ex alcalde de Talca, Juan Castro.
Si bien la mayoría de los políticos que aparecen en este listado pertenecen a la derecha, el informe señala que en el último año se presenció una "exacerbación" de las diferencias en el conglomerado en temas como la ley de identidad de género, el matrimonio igualitario e, incluso, la llegada del "Bus de la Libertad".
“El desafío para la derecha será comprender que la no discriminación por orientación sexual e identidad de género es un tema de DDHH y que, en consecuencia, deben respetarse al margen de cualquier consideración política, ideológica o valórica.
El rol de Poder Judicial
El informe anual destaca el rol del poder Judicial en su pronunciamiento a favor de personas LBGTI en situación de cárcel y en fallar a favor del cambio de nombre y sexo registral de 89 personas. A esto se suma la aplicación de la Ley Zamudio en dos casos y la entrega de la tuición a un hombre que vivía con su pareja del mismo sexo.
“El Poder Judicial llegó tarde a la defensa y promoción de los derechos humanos de las personas LGBTI y las familias homoparentales, pero cuando lo hizo superó en apertura a los otros poderes del Estado, avanzando a pasos agigantados y sin precedentes”, sostiene el informe.
El Movilh consigna 107 fallos favorables a los derechos de la población LGBTI, lo que contrasta con la situación del Poder Judicial a inicios de los años 2000, donde ocupaba uno de los primeros puestos de las entidades más reticentes a los derechos de estos grupos.
