El Quinto Juzgado Civil de Santiago ordenó al fisco a indemnizar con $60 millones a los padres y hermanos del interno de Colina II, Josimar Pereira, quien falleció en 2015 tras ser agredido por otros reclusos.
La magistrada María Soledad Jorquera estableció que hubo responsabilidad del Estado ya que Gendarmería no dispuso de las medidas de seguridad respectivas en el recinto penal que evitaran las agresiones entre los internos.
En el fallo se determinó que "resulta forzoso concluir que el servicio cuestionado no dio cumplimiento al deber general de establecer un sistema de vigilancia que garantice la seguridad de los internos, como tampoco dio cumplimiento a la obligación de cuidar el desplazamiento de los internos de unas dependencias a otras, toda vez que se acreditó que don Josimar Pereira se encontraba desplazándose en un lugar y horario reglamentario, sin la debida supervisión directa por parte de funcionarios de gendarmería, a tal punto que no fue posible determinar el interno que efectuó el ataque. Por consiguiente, se ha acreditado la falta de servicio que se alega en la demanda".
Además agregó que "cabe señalar que el daño moral sufrido por los demandantes es consecuencia de la falta de servicio en que incurrió gendarmería, debiendo rechazarse la defensa de éste último en orden a que la muerte se debió a la herida punzante efectuada por terceros, por cuanto el ataque se produjo por la falta de medidas seguridad en el desplazamiento del interno fallecido".
El tribunal determinó que por daño moral se deberá entregar a "don Celso Pereira Matus la suma de $20.000.000; a doña Corina Hurtado Gutiérrez la suma de $20.000.000; a doña Vanessa Pereira Hurtado la suma de $10.000.000, y a don Celso Pereira Hurtado la suma de $10.000.000, más reajustes e intereses de conformidad con lo razonado en el motivo 31°, mientras que se condena en costas a la parte demandada".
