Ante el 7° juzgado de garantía de Santiago fue presentado el libelo de 23 páginas en contra de quienes resulten responsables, en calidad de autores, cómplices o encubridores del delito consumado de tortura. La presunta víctima sería el ciudadano venezolano de nombre Jhon Sterling Andrade Mina.
Según la acusación, los hechos habrían comenzado el 8 de enero de este año, cuando el afectado esperaba salir en libertad desde el Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina II, después de cumplir una condena por el delito de robo con violencia e intimidación ocurrido en 2019.
Según señala la querella interpuesta por el INDH, Andrade Mina, habría sido entregado ese mismo día a eso de las 2:30 horas a tres funcionarios de la PDI, específicamente de Migraciones y Policía Internacional, quienes lo habrían trasladado al cuartel policial de la misma sección ubicado en calle San Francisco 253.
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En ese lugar se habría incorporado un cuarto funcionario policial a la presunta situación de violencia, que habría cesado a eso de las 07:00 horas. El principal hecho, describe el documento, habría ocurrido cuando la víctima “luego recibir golpes en el suelo en distintas partes del cuerpo, lo que provocó que intentara pararse, oponiéndose a ello un funcionario que le hizo una especie de llave de combate, tomándolo del cuello y poniendo su pie en la rodilla derecha de la víctima, haciendo presión por varios minutos, provocándole una evidente fractura”.
Según la querella, en el cuartel de la PDI habrían ocurrido más hechos de violencia en contra del ciudadano extranjero. Señala que “lo subieron a una camilla dejándolo caer en varias oportunidades siendo objeto de burlas y grabaciones con un celular, para luego tomarlo entre dos funcionarios de cada brazo, así como arrastrarlo y subirlo por las escaleras, pidiendo la víctima mediante llanto que le permitieran inmovilizar su pierna dado el intenso dolor que la aquejaba”
Transcurrida la mañana, el ciudadano extranjero fue trasladado por funcionarios de la PDI a un centro asistencial donde se diagnosticaron graves lesiones en su rodilla. Según la acción penal “de acuerdo al relato de la víctima, al conocerse el diagnóstico, uno de los funcionarios exclamó: Va a quedar la zorra (sic)”. Además, el día posterior a los hechos denunciados, lo habrían llamado a declarar a la oficina de asuntos internos de la PDI.
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Desde la institución policial declararon a este medio que no comentan acciones judiciales presentadas en contra de funcionarios. Destacaron, eso sí, que siempre están disponibles a cooperar reiterando “el compromiso inquebrantable con la ética, probidad y respeto a los derechos humanos, como ejes transversales”
La querella fue declarada admisible el lunes 11 de noviembre y se espera que sea Carabineros quien investigue el presunto delito de tortura que podrían haber cometido funcionarios de la Policía de Investigaciones.
