En un informe realizado por el Departamento de Estados Unidos y que tiene el objetivo de analizar la trata de personas y la explotación sexual de niños, se situó a Chile y Colombia como los únicos países de Latinoamérica que se encuentra en el “Nivel 1”, o sea que es un país “cuyo gobierno reconoció la trata de personas, ha hecho esfuerzos para abordar el problema, y cumple con las normas mínimas”.
Junto a Chile se encuentra países como Australia, Dinamarca, Francia, Estados Unidos, Italia, España, Nueva Zelanda o Suiza.
Son 34 los países que pertenecen al Nivel 1. Sin embargo, el informe advierte, que pese a que es el nivel más alto, no implica que no existan problemas de trata de personas o explotación sexual de niños en los países, sino que se cumplen con las normas mínimas para lidiar con el asunto.
En el análisis, el Secretario de Estado norteamericano, John Kerry, señaló que “la esclavitud moderna está conectada con muchos de los desafíos del siglo 21, desde la sustentabilidad ambiental, el progreso de las vidas de mujeres y niñas o el combate contra el crimen organizado”.
Enfatizó que el informe “busca incentivar a los gobiernos a identificar y reconocer a aquellos que se encuentran en mayor riesgo en la sociedad y a crear formas efectivas de estar al tanto a las poblaciones vulnerables y ayudar a reconocer los métodos usados por los que trafican personas”.
El caso de Chile
El análisis de 422 páginas se señaló que Chile es una fuente, tránsito y destino para muchos hombres, mujeres y niños que son sujetos a tráfico sexual y trabajo forzoso.
De acuerdo al informe, las cifras manejadas por el Gobierno son de 193 personas que fueron víctimas de trata de personas durante el período 2011-2015.
Se agregó en el análisis que buena parte de las mujeres y niñas que son explotadas en tráfico sexual, son de otros países latinoamericanos y de Asia.
Indicando, además, que los hombres, mujeres y niños que participan en trabajo forzoso, lo hacen en áreas como “minería, agricultura, construcción, comercio ambulante, hotelerías, restoranes, textiles y servicio doméstico”.
Durante el año 2015, el Gobierno chileno identificó a 260 niños que estuvieron involucrados en actividades ilícitas en el país, las cuales incluyeron: tráfico de drogas y robo.
Si bien el Gobierno chileno cuenta con legislación que ayuda a proteger a las víctimas y promulgó leyes para proteger a los trabajadores domésticos, se explicó en el reporte que es necesario que se “incrementen los esfuerzos para investigar y enjuiciar todas las formas de trata de personas, incluyendo el tráfico sexual de niños al interior del país”.
Otras recomendaciones incluyeron “generar mecanismos de coordinación y comunicación con ONG’s que trabajan en el tema, aumentar el acceso a refugios especializados para las víctimas, incluyendo a hombres y personas fuera de la capital, continuar entrenando a especialistas que ayuden con la identificación de víctimas y la implementación de mecanismos de asistencia a las víctimas”, entre otras.
Se destacó la labor gubernamental y que el Gobierno mantenga sus iniciativas anti-tráfico y sus esfuerzos legales con la Ley 20.507, en la que se prohíbe todo tipo de trata de personas con penas que van desde los 5 años y un día a los 15 años de presión.
Además, en el informe se distinguió el trabajo que se ha realizado en el país, ejemplificando las iniciativas tomadas por el Ministerio del Interior en conjunto con agencias gubernamentales, organizaciones internacionales y ONG’s locales, además de tres subcomisiones, junto al trabajo de la policía, quienes desarrollaron y adoptaron un plan 2015-2018 a nivel nacional destinado a combatir el tráfico de personas.
Las páginas que tratan acerca de la situación en Chile son la 128 y 129.
Lee el informe completo en inglés, aquí:
